Política

La FCM acusa a "políticos y empresarios" de estar orquestando una operación para poner fin al actual modelo de contención del crecimiento

La Fundación César Manrique (FCM) ha denunciado públicamente la supuesta existencia de una operación concertada entre políticos y empresarios de la isla para acabar con el ...

La FCM acusa a políticos y empresarios de estar orquestando una operación para poner fin al actual modelo de contención del crecimiento

La Fundación César Manrique (FCM) ha denunciado públicamente la supuesta existencia de una operación concertada entre políticos y empresarios de la isla para acabar con el actual modelo de contención del crecimiento. Lo ha hecho a través de una comunicado de prensa de un tono crítico sin precedentes, en el que no obstante no se especifica a qué empresarios y políticos se refiere, ni tampoco a qué partidos, aunque sí menciona a todos los alcaldes de la isla, y también critica la inclusión en el actual documento del Plan Territorial Especial de los convenios urbanísticos suscritos en los últimos meses.

A juicio de la FCM, existe "una operación concertada, a gran escala y sin precedentes, promovida desde ámbitos empresariales y políticos, que persigue desmantelar los avances que se han producido en la isla durante los últimos quince años en materia de control del crecimiento turístico y ocupación del suelo", operación que "incluye la neutralización del PTE, la debilitación de los colectivos sociales y, a medio plazo, el derribo de las políticas emanadas de la Administración que persistan en poner límites al crecimiento excesivo, a través de nuevos instrumentos de planeamiento".

Al mismo tiempo, la Fundación "rechaza las posiciones manifestadas por los alcaldes de la isla en su pretensión de acosar al PTE y, al mismo tiempo, de defender la construcción arbitraria, desarrollista y carente de una visión estratégica global de equipamientos de ocio complementario", y considera que el Plan "debiera ser -pues esa es la naturaleza que le otorga la Ley- un instrumento abreviado, cuya finalidad fundamental, como dictan las Directrices, es la de garantizar la programación y limitación del crecimiento de plazas alojativas turísticas, dejando a un lado la inclusión de oferta complementaria".

Precisamente, la FCM asegura que "la inclusión del polémico asunto de la oferta de ocio complementario en el debate del PTE responde a una nueva oleada por parte de ciertos sectores empresariales con el fin de abrir un nuevo ciclo inversor y de ocupación del suelo", y apunta que "para la consecución de esos objetivos, resulta estratégica la eliminación de los mecanismos de planeamiento aprobados para limitar y regular la implantación de los equipamiento de ocio complementarios en la isla", como al Modificación Puntual Nº 1.

Destaca la Fundación que todo esto se produce "en el marco coyuntural de un mercado saturado de oferta alojativa, y por tanto menos rentable, con las urgencias inversoras a las que obligan las grandes acumulaciones de capital que ha originado la Reserva de Inversiones (RIC)".

Suspensión cautelar

Con respecto al actual debate generado en torno al PTE, la FCM considera que el Cabildo "debe aprobar de inmediato un decreto que suspenda cautelarmente la concesión de licencias municipales en aquellos suelos afectados por el PTE", y que ese Plan "debería aprobarse inicialmente cuanto antes y sin mayores dilaciones en el tiempo". Esa aprobación inicial "debe dar paso a un proceso reglado de debate en el que la FCM adelanta públicamente su conformidad con el grueso del Plan, pero discutirá determinados contenidos específicos relacionados, básicamente, con la oferta complementaria y comercial incluida en las zonas turísticas, que, a juicio de la institución, exceden lo recogido en la Segunda Hoja de Ruta encargada por la institución y que no deberían contemplarse en este documento".

Al respecto, la Fundación considera "inoportuna y equívoca la inclusión del resumen que acompaña a la norma del PTE, un escrito confuso con respecto al contenido técnico del Plan, en el que se citan acuerdos con promotores, que no tendrían que estar vinculados ni contenidos, en ningún caso, en el PTE, y que reclaman, de cualquier manera, la mayor transparencia y consenso político y social en su gestión".

Ante esta situación, "la FCM hace una llamada a la sociedad civil para que ejerzan el control, la vigilancia y la movilización social, imprescindibles para ejercer de contrapeso de las presiones del dinero y de la fragilidad política, defendiendo el territorio que nos queda intacto, así como la cultura del planeamiento y la contención del crecimiento turístico.