La directora general del Menor del Gobierno de Canarias considera "equivocada y precipitada", además de unilateral,la decisión del Cabildo de Lanzarote de cerrar un Centro de Atención de Menores Emigrantes (CAME). La responsable del menor, que afirma que se enteró del traslado de los menores por La Voz de Lanzarote,afirma sentirse decepcionada por la decisión del consejero Joaquín Caraballo.
Según sostiene, el Cabildo no esperó a recibir la resolución preceptiva de la Dirección General del Menor para llevar a cabo eltraslado de los menores de un centro a otro. Al no hacerlo, apunta Steiner,cae en"un claro incumplimiento administrativo" que deberá ser explicado, dado que la primera institución, que es la responsable de la guarda de los menores, "debía coordinarse con la dirección del menor para acometer esa decisión". La primera respuesta de la Dirección ha sido la de abrir una investigación interna y un expediente sobre lo sucedido, cuyo resultado se trasladará al Ministerio Fiscal.
Informes no recibidos
Steiner asegura que al Cabildo lanzaroteño se le habían solicitado informes previos para el traslado que nunca se recibieron en la Dirección General, y ahora constata que "además de no proporcionar la documentación adecuada, llevan a cabo el traslado de los menores".
A partir de ahora, al organismo que dirige la lanzaroteña Carmen Steiner le tocahacer un seguimiento del traslado para comprobar que se ha llevado a cabo con todas las garantías de la protección de los menores, al tiempo que inspeccionar el espacio en el que se encuentran ahora, a fin de ver si es elsuficiente para el nuevo numero de menores que se encuentran en el CAME1, e informar de ello al Ministerio.
Además, la Dirección tendrá que comprobar si el Cabildo está en disposición de garantizar las 27 plazas de menores inmigrantes que tiene concertada con el Ejecutivo canario en el reparto de los menores que llegan a Canarias en pateras y cayucos.
Sobre los planteamientos realizados desde el Cabildo, que sostiene que el Gobierno canario no transfiere el dinero necesario, la directora apunta que el Gobierno cumple escrupulosamente con el mantenimiento de estos menores bajo su tutela, aunque la guarda sea potestad del Cabildo, y sostiene que el ejecutivo ha abonado el coste del mantenimiento de los menores en los centros lanzaroteños, incluídos los períodos en los que se ha registrado una sobre ocupación de los mismos, por lo que la decisión de los servicios sociales del Cabildo le parece "del todo incoherente"