La Comisión Europea ha atendido las denuncias presentadas por instituciones y colectivos sociales con respecto a las perforaciones petrolíferas que la multinacional Repsol viene realizando frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y ha requerido al Gobierno de España que presente en el plazo máximo de cuatro semanas una decena de informes y documentación complementaria que hasta ahora no ha sido facilitada.
Así lo ha anunciado el Cabildo de Fuerteventura, que explica que el requerimiento de nueva información fue trasladado al Gobierno a finales de noviembre, pero se acaba de conocer ahora a través de la queja presentada por la institución majorera. "Si la Comisión actuara como se supone que debe hacerlo ya tendría que haber mandado parar desde hace años. El peso de los lobbys petroleros en Europa es muy importante y han retrasado, dificultado y desviado todo lo posible nuestras quejas, y para ello han tenido a los diputados del PP a su servicio. Ahora ya no les ha quedado más remedio que actuar, porque las evidencias son muy contundentes y hasta en las propias instituciones europeas se han puesto colorados de vergüenza al ver lo que se les está permitiendo hacer aquí a Repsol", ha afirmado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
"Mucha de esta documentación la hemos pedido nosotros formalmente por escrito al Gobierno de España y no nos la facilitan. Espero que a la Comisión Europea sí le presten más atención", ha agregado Cabrera.
Más información sobre el LIC
Concretamente, la Comisión Europea reclama el Gobierno de España información relativa al estado de la tramitación de la propuesta del LIC marino del Oriente y Sur de Fuerteventura y Lanzarote, y justificación de las razones por las que dicha propuesta aún no ha sido presentada. También reclama información relativa a la aplicación del régimen de protección preventivo para mantener las características ecológicas de dicho LIC.
Cabe recordar que las quejas han denunciado el "retraso intencionado" por parte del Gobierno de España en la tramitación concretamente de este LIC marino de Fuerteventura y Lanzarote, mientras sí que se avanzaba con los 10 restantes del resto de la costa española. "Este retraso estaría ideado para no afectar al proyecto de Repsol", insisten desde el Cabildo majorero.
El Cabildo de Fuerteventura también ha remitido un informe científico con muestreos realizados en las mismas coordenadas de las perforaciones de Repsol durante el pasado mes de noviembre, que asegura que "demuestra que la zona tiene idénticos valores ambientales que el área protegida en el LIC marino, y por lo tanto requiere de la aplicación de la misma protección, ya que cumple con los criterios de protección establecidos en el Anexo III de la Directiva de Hábitats".
También se reclama al Estado español información relativa al cumplimiento del Artículo 12 de la Directiva de Hábitats en lo que se refiere a la prohibición de perturbar deliberadamente las especies animales que figuran en el anexo IV de al Directiva, con especial atención a cetáceos y tortugas marinas.
"Preocupación" por las "afecciones" a los cetáceos
Según el Cabildo, la Comisión Europea "también traslada su preocupación sobre la afecciones a cetáceos de buceo profundo (zifios), por lo que solicita informes al Gobierno de España sobre los métodos aplicados para su protección".
En relación con el análisis de las posibles afecciones a la fauna marina como consecuencia del ruido submarino producido por el proyecto, la Comisión reclama información sobre los niveles de ruido no sólo durante el proceso de perforación, sino también durante el funcionamiento cotidiano. "Las técnicas utilizadas para las mediciones son objeto también de la preocupación de la Comisión Europea, ya que ni están actualizadas, ni atienden específicamente a lo que está haciendo Repsol", agrega el Cabildo.
Con respecto a posibles riesgos, el Gobierno de España tendrá que remitir información actualizada y detallada sobre la validez del "peor escenario" considerado. También sobre las medidas de prevención y mitigación de riesgos adoptados y sobre su eficacia para reducir los riesgos.
Además, deberá aportar nuevos informes sobre el control de los residuos y sobre el procedimiento y control de los sistemas de cierre de los pozos. La Comisión Europea también reclama al Gobierno de España que informe sobre los recursos contencioso-administrativos presentados y su contenido.