En un hecho sin precedentes en el Cabildo de Lanzarote, la próxima semana podría constituirse y empezar a trabajar la comisión de investigación que intentará determinar, si los hubiere, el autor o autores de la presunta reventa de entradas en los Centros Turísticos denunciada públicamente por Andrés Barreto, portavoz de Alternativa Ciudadana en el Ayuntamiento de Arrecife y de Intersindical Canaria.
La creación de dicha comisión ya fue aprobada por un acuerdo unánime del Pleno cabildicio, pero este martes el vicepresidente de la Corporación, Manuel Fajardo, presentó a los miembros de la comisión informativa de Régimen Interior la propuesta de resolución sobre la constitución formal de la comisión de investigación y aprobación de normas que han de regirla.
60 días de trabajo
Fajardo propone que el trabajo de la comisión sea fijado en 60 días naturales al objeto de que su misión no se eternice y que sea compuesta por un representante de cada uno de los grupos políticos constituidos legalmente dentro de la Corporación, que podrán ser sustituidos por cualquier otro miembro de su grupo, más un presidente o presidenta que elegirán por mayoría simple los citados anteriormente entre el resto de consejeros del Cabildo.
Además, se propone que el secretario de la Institución o el funcionario que éste delegue participe de la comisión con voz, pero sin derecho a voto. En total son cinco miembros más el secretario de la Corporación. En caso de presentarse empate en la votación, decidiría el voto de calidad del presidente o presidenta de la comisión. A las sesiones podrán acceder los ciudadanos y por supuesto los medios de comunicación. Las normas serán sometidas a votación en el pleno del Cabildo que se celebrará el próximo viernes.
Efectos reales
No se conocerán hasta que concluya el trabajo de la comisión de investigación sin embargo podrían ser nulos ya que, por ejemplo, las personas que la comisión estime que deben comparecer ante ella para esclarecer los hechos no están obligadas a hacerlo. Una visión más positiva sería que las personas declaren y que efectivamente la comisión determine quién o quiénes revendieron entradas de los Centros Turísticos. En este último caso, el Cabildo necesariamente tendría que llevar a los implicados a los tribunales.
Plan de trabajo
Dentro de los 10 primeros días de trabajo de la comisión, previa entrega por parte del Cabildo de los antecedentes que obren en su poder, los componentes de la misma tendrán que proponer el total de pruebas que estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos a investigar, para practicar, en los 40 días posrteriores, la totalidad de las pruebas propuestas.
Por último, durante los 10 días restantes, que completan los 60 días fijados, los miembros de la comisión expondrán públicamente las conclusiones provisionales a las que hubieren llegado, así como a la aprobación definitiva de las mismas, que igualmente se harán públicas en la última sesión del pleno de la comisión. Manuel Fajardo recalcó que el único objetivo de la comisión es intentar averiguar si la presunta reventa de entradas de los Centros Turísticos se materializó y sus responsables.
Nombres de los componentes
Los miembros de la comisión de investigación serían: María Dolores Luzardo por el Partido Popular, Ángeles García por Coalición Canaria, Lourdes Bernal por el Partido Socialista, Luis Celestino Arráez por el PIL y Pedro Hernández por Alternativa Ciudadana. Estas personas elegirían al presidente o presidenta de la comisión entre el resto de los consejeros cabildicios.
La controversia que se presentó en la comisión informativa de Régimen Interior vino dada porque el PP propuso que en la comisión también debían estar representadas las consejeras pilistas Plácida Guerra y María José Docal, entendiendo que Luis Arráez, aunque su acta de consejero la obtuvo representando al PIL, ya no pertenece a los independientes tras la ruptura de esa formación, pero Manuel Fajardo subrayó que "legalmente en el Cabildo no están representados seis grupos políticos, sino cinco".
Mesa de Contratación del Cabildo
De otra parte, en la comisión de Régimen Interior del Cabildo también se propuso que en adelante pase a ser miembro de la Mesa de Contratación de la Corporación un representante de la oposición, que contará con la posibilidad de ser sustituido, a elegir por el o los grupos políticos opositores. Esta propuesta, al igual que la de las normas de la comisión de investigación, el grupo de gobierno la llevará a debate a la próxima sesión plenaria.
Estatutos de Inalsa
Otro de los temas tratados en la comisión de Régimen Interior fue la modificación de los estatutos de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). El Comité de Empresa de Inalsa, que ha hecho aportes valiosos para el reflote de la empresa pública, hasta la fecha sólo tiene derecho a voz en el Consejo de Administración, pero su statu en ese órgano cambiaría si el Pleno del Cabildo aprueba dirigirse a la Asamblea del Consorcio del Agua para que modifique los estatutos y el Comité de Empresa también tenga derecho a un voto en las sesiones del Consejo de Administración de Inalsa.
Así, el Consejo de Administración, si se aprueba la modificación, quedará integrado por nueve consejeros, de los cuales tres serán miembros de la Asamblea del Consorcio del Agua, uno será miembro del Comité de Empresa de Inalsa y los cinco restantes elegidos libremente entre personas "especialmente capacitadas".