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Los miembros de la Comisión de Aguas y Energía han presentado las alegaciones al decreto por el que se aprueba el reglamento de seguridad de grandes infraestructuras de almacenamiento de aguas impulsado por el Gobierno de Canarias.
Entre ellas destaca la solicitud de que se compruebe si el marco legal contiene preceptos que limitan la libertad de los particulares. Una situación que en el caso de Lanzarote afectaría a dos espacios que cumplen los requisitos, esto es, la presa de Mala propiedad del Cabildo y la balsa de saneamiento de Maneje perteneciente al Consorcio Insular de Aguas.
En segundo lugar, la comisión considera erróneo lo dispuesto en el artículo 14 del proyecto, relativo a la delegación y encomienda de gestión. En el apartado 3 se establece: "los actos administrativos que se dicten en ejercicio de delegación deberán hacer constancia expresa de tal circunstancia y estarán sometidos al sistema de impugnación que proceda contra los actos propios del delegado".
Sin embargo, tal y como reconoce la ley 30/1992 de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 13.4: "Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, incidirán, expresamente, esta circunstancia, y se considerarán dictadas por el órgano delegante".
Ley de Aguas
Esto supone que la delegación de competencias de los Consorcios a la Consejería a través del convenio parece contradecir lo expuesto en el artículo 11 de la Ley de Aguas de Canarias, cuando establece: "El Gobierno de Canarias podrá, a través de sus órganos competentes, ejercitar las atribuciones de los Consejos Insulares anteriormente descritas, siempre que así se solicite por los mismos y se acuerde mediante decreto".
Por lo tanto, la Comisión entiende que el régimen de delegación fijado en el Reglamento debe ser fijado.
Por último, la Comisión trasladará al Pleno una última alegación que hace referencia a la financiación del reglamento. En este sentido, estiman que si supone un gasto elevado para el Consorcio, se contemplará su financiación a través del Gobierno de Canarias.