La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional ha dado 48 horas a José Morales para que abandone el país, según ha comunicado el activista a La Voz. Así, ha aprobado el expediente de expulsión que se inició contra él (el segundo en un año) por participar en la concentración del 10 de febrero ante la sede del Partido Popular en la isla, en la visita del ministro José Manuel Soria.
Este mismo jueves, Morales presentará alegaciones ante la Delegación del Gobierno y también se plantea acudir a los Juzgados de Arrecife e, incluso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Seguiremos en esta línea de defensa", ha señalado el activista, de nacionalidad uruguaya, a La Voz. La expulsión es por un periodo de cinco años. Durante este tiempo, Morales no podrá entrar en territorio español, según se explica en la resolución, y tampoco en los países que estén dentro del acuerdo de Schengen.
Morales teme que "en unas horas" se produzca su detención y, posteriormente, sea expulsado. "Quedan batallas por librar, pero no parece un hecho muy normal la rapidez con la que se ha actuado en este tema. Hay una prisa grande por expulsarme sin poder tener derecho a defenderme", ha indicado.
José Morales siempre ha defendido su comportamiento durante este acto de protesta. Así, ha señalado que fue "cívico y pacífico" y que incluso algunos afiliados del PP así lo declararon en diversos medios de comunicación. "Es una constante persecución y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad", indicó en su momento.
En las últimas semanas, ha recibido el apoyo de Intersindical Canaria, de la Comisión Insular contra las Plataformas petrolíferas y de la Fundación César Manrique. La semana pasada, además, se llevó a cabo una concentración ante la Delegación del Gobierno para exigir la paralización de este expediente de expulsión. Junto a Morales fueron denunciadas otras seis personas, a las que se les impusieron multas de 300 euros.
A Morales ya se le abrió otro expediente de expulsión por un altercado con un policía nacional en una concentración prosaharaui. Por este caso, siguen las diligencias abiertas en los Juzgados de Arrecife, según explica el activista.