El auto de la Audiencia Provincial que mantiene el cierre cautelar de Stratvs y le condena a pagar las costas del recurso no sólo habla con dureza de esta instalación, sino también de la defensa que planteó el abogado de la propiedad, Felipe Fernández Camero.
La Sección Sexta de la Audiencia muestra en varias ocasiones su "sorpresa" por los alegatos de la defensa, subrayando que el abogado puso sobre la mesa temas que nada tenían que ver con el recurso, pero no dijo nada para rebatir las presuntas ilegalidades de la bodega y dedicó sólo "medio folio" a discutir el tema de fondo que se planteaba.
En su auto, la Audiencia cuestiona que la defensa utilizó "argumentos procesales y constitucionales" que nada tienen que ver con la resolución que estaba impugnando, es decir, el auto que en diciembre ordenó el cierre cautelar de la bodega. Una medida cautelar "cuyos razonamientos de fondo ni siquiera vienen a discutir con más extensión que medio folio, lo que sorprende a esta Sala".
La defensa "ni discute" las "irregularidades urbanísticas"
Quien sí entra al fondo del asunto es la Audiencia Provincial en su auto, en el que destaca la "cantidad de incidíos racionales de criminalidad" que existen en esta causa, y que justifican el cierre cautelar de la bodega. Así, aunque el principal motivo para el cierre está en el riesgo medioambiental, que es uno de los delitos que se investigan, también destaca que están constatadas varias "irregularidades urbanísticas".
Echando mano de algunos de los informes que obran en la causa, la Audiencia recuerda que en el año 2005 ya se advirtió "por el Cabildo de Lanzarote que el uso de la bodega en ese suelo no está permitido". Además, hace referencia a varios informes de la Apmun y en particular a uno de ellos, "donde se constatan múltiples irregularidades urbanísticas a las que el recurrente no da, en su recurso, explicación alguna. Es más, ni se discuten".
En cuanto a los posibles vertidos contaminantes, que se detectaron en el año 2008 por parte del Cabildo y pese a ello se le dio a la bodega una autorización provisional para seguir funcionando y nunca se volvió a supervisar, la Audiencia subraya que desde esa fecha Juan Francisco Rosa "no ha cumplido con las exigencias legales en esta materia, y menos aún con el compromiso" que asumió "antes de la autorización provisional".
"Lo que sorprende a esta Sala es la escasez de alegaciones sobre el fondo que realiza el recurrente, pues si reúne los requisitos legales, administrativos, para el ejercicio de tal actividad, y ha cumplido con aquello a lo que estaba obligado desde 2008, esto es, a la realización de un estudio hidrogeológico y la instalación de una depuradora, bastaría con arreglarlo y acreditarlo para lograr el fin de la medida cautelar", señala.
Y es que insiste en que lo que se discute en esta causa y en este recurso es si esta instalación cumple o no con la ley y si supone un riesgo para el medio ambiente, y no el posible daño económico que este cierre suponga al dueño de la bodega. "Este perjuicio económico no se causa con la medida cautelar, sino con las irregularidades que se vienen constatando y están siendo objeto de un proceso penal", afirma en respuesta a los alegatos de la defensa.
"Parte de un presupuesto erróneo desde el punto de vista jurídico"
Respecto al contenido del recurso presentado por el abogado de Juan Francisco Rosa, la Audiencia señala que "se limita a atacar una resolución que no es la resolución que acuerda la medida cautelar que se impugna, sino que se trata de argumentos en contra de un auto anterior, de 4 de diciembre de 2013, donde se imputa al propio apelante BTL Lanzarote".
Cabe recordar que unas semanas antes de acordarse el cierre cautelar de la bodega, la juez que instruye la causa decidió imputar también a la sociedad titular de Stratvs, BTL Lanzarote. Y Felipe Fernández Camero pretendió vincular el cierre cautelar con la imputación de la sociedad, dedicándose a cuestionar esta última.
"Parte el apelante de un presupuesto erróneo desde el punto de vista jurídico, pues insiste en su recurso como si se tratase del núcleo gordiano de la cuestión, en que es un presupuesto previo la imputación de BTL para la adopción de la medida cautelar. Y no es así", sostiene al respecto la Audiencia.
Además, le recuerda que ni siquiera sería necesario que existiera una imputación para adoptar una medida cautelar. "Desde el primer momento del nacimiento de un proceso penal se pueden adoptar medidas cautelares. Pero es que en este caso, a mayor abundamiento, la juez ad quo adopta la medida cautelar cuando ya ha reunido un gran material indiciario y/o probatorio sobre la existencia de varios delitos que se pueden imputar a BTL Lanzarote o a Juan Francisco Rosa Marrero", subraya el auto.
El cierre cautelar que ahora ha sido respaldado por la Audiencia Provincial fue acordado en diciembre de 2013 por la juez del Juzgado de Instrucción Número 5, Silvia Muñoz, atendiendo la solicitud planteada por un miembro de la familia Negrín, que se ha personado como perjudicado en la causa, ya que sostiene que la bodega se levantó sobre terrenos de su propiedad. La acusación particular de Transparencia Urbanística y el Ministerio Fiscal también apoyaron esa solicitud de cierre, así como el abogado de uno de los imputados, que es técnico del Cabildo y está representado por el letrado de la Corporación.
Durante aquella vista celebrada el pasado mes de diciembre en Arrecife, el fiscal Ignacio Stampa llegó a señalar que en el caso de Stratvs "la realidad supera la ficción, en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años", a luz de todos los informes y documentos que han conocido durante la instrución. Y entre otras cosas, afirmó que el hecho de que siguiera abierta era "un desafío a la Administración de Justicia".