La Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado el recurso que presentó el Ayuntamiento de Arrecife y ha confirmado la "desimputación" del tesorero, Antonio Cabrera Panasco, en una de las piezas del caso Montecarlo. El Consistorio, que está personado en la causa como acusación particular, interpuso ese recurso cuando aún era alcalde José Montelongo, que está imputado en el mismo procedimiento. Y con él, lo que pretendía es que se anulara el auto que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto al tesorero y que se sustituyera por un sobreseimiento provisional, dejando así la puerta abierta a que volviera a ser investigado.
"La conducta del investigado en relación a los pagos efectuados a las empresas Inelcon y Señalcon ha sido total y absolutamente correcta y no merece desde luego reproche alguno", responde la Audiencia en un auto fechado el pasado día 12, en el que avala el criterio que había venido mantenido desde el inicio el Ministerio Fiscal. Así, concluye que el sobreseimiento libre decretado por el juez instructor en enero de 2016 es "procesalmente irreprochable" y señala que las "objeciones" que planteó el Ayuntamiento son "confusas", "de muy corto recorrido" y que "carecen propiamente de base alguna, más allá del legítimo derecho a recurrir".
"La Sala asume por completo la tesis del juez y del fiscal y estima que las diligencias de instrucción practicadas, con especial mención a la declaración del propio tesorero investigado, las testificales de los otros dos tesoreros municipales y la pericial obrante en autos, permiten descartar con toda seguridad la comisión de ilícito penal alguno por parte del investigado", añade el auto de la Sección Primera de la Audiencia, que impone al Ayuntamiento el pago de las costas generadas con este recurso, señalando entre otras cosas que en su recurso el Consistorio sostenía "gratuitamente" argumentos "que no se molesta en demostrar".
El auto "comparte por completo" los argumentos jurídicos de la Fiscalía
El auto hace también referencia al dictamen que presentó la Fiscalía oponiéndose al recurso del Ayuntamiento, en el que el fiscal llegaba a acusar al Consistorio de haberse "quitado la careta". Incluso, advertía de un posible "fraude procesal", al plantear que el Ayuntamiento no estaría "velando realmente por los intereses públicos que tiene encomendados, sino ejerciendo la defensa" de José Montelongo. Al respecto, recordaba que fue la defensa del ex alcalde quien "recomendó" inicialmente la imputación del tesorero -a la que desde el principio se opuso la Fiscalía-, y subrayaba que este tesorero realizó en su momento advertencias oponiéndose a algunos de los pagos investigados, incluso por escrito, y entregó al Juzgado documentos para acreditarlo.
"Dejando a un lado la dureza dialéctica del dictamen del Ministerio Fiscal respecto de la posición procesal de la parte apelante, no exenta por otro lado de justificación, la Sala comparte por completo los argumentos estrictamente jurídicos contenidos en el mismo", sostiene el auto de la Audiencia. Así, concluye que "nada indica, sino todo lo contrario", que Antonio Cabrera Panasco "no cumpliera las obligaciones legales que le incumbían como tal en el desempeño de las funciones propias de su cargo". Al respecto, subraya que los pagos que ejecutó como tesorero "estaban debidamente autorizados y fiscalizados tanto por el concejal de Hacienda como por el interventor municipal, con lo que el cumplimiento y ejecución efectuados por su parte no admite el menor reparo a su concreta conducta".
Esto mismo fue planteado por el juez instructor al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el tesorero, señalando que "ningún ánimo delictivo puede desprenderse si el ejecutor de pagos únicamente conoce la orden de pago y no el resto de documentación". Además, añadía que "cuando ha tenido datos", Cabrera Panasco "ha manifestado su desacuerdo", tanto al que era concejal de Hacienda cuando se abonaron las facturas que se investigan, José Montelongo, como al entonces alcalde, Cándido Reguera. Incluso, llegó a plasmar "por escrito su negativa" a efectuar determinados pagos que entendía que vulneraban la ley. Por su parte, la Fiscalía subrayaba que en su declaración, Cabrera Panasco aportó documentación "muy ilustrativa" sobre el modo en el que se autorizaron algunos de los pagos investigados en esta causa.