La Audiencia de Cuentas de Canarias informó por escrito al Consejo de Administración de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) que no está facultado para interesar una actuación fiscalizadora o la emisión de un informe suyo sobre la actividad económica - financiera de la empresa desde el año 2000. Lo llamativo del asunto es de que el Consejo de Administración hizo la solicitud a la Audiencia de Cuentas el pasado 18 de mayo y sólo hasta el 21 de septiembre es cuando recibe la repuesta. Es decir, la Audiencia demoró más de cuatro meses para informar que la petición la debe hacer llegar el Consorcio Insular de Lanzarote, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, y no el Consejo de Administración de Inalsa.
Según el escrito remitido por la Audiencia, el artículo 8 de la Ley Territorial 4 / 1989, de 2 de mayo, dispone que la iniciativa fiscalizadora corresponde a la Audiencia de Cuentas y al Parlamento de Canarias, pudiendo interesar la actuación fiscalizadora de la Audiencia o la emisión de informes el Gobierno regional, las entidades locales, previo acuerdo de sus órganos competentes, y las universidades, previo acuerdo de sus órganos competentes, debiéndose entender que la empresa pública Inalsa no está comprendida en ninguno de los supuestos anteriores y, por tanto, su Consejo de Administración no está facultado para interesar una actuación fiscalizadora o la emisión de un informe por parte de la Audiencia, facultad que correspondería al Consorcio para el abastecimiento de agua de Lanzarote, a través de su Asamblea General, como único accionista y entidad pública de la que depende la misma.
Ante esta respuesta, el Consejo de Administración de Inalsa, reunido ayer, decidió hacer la petición de la auditoría externa a la Asamblea del Consorcio, al objeto de que ésta se la transmita a la Audiencia de Cuentas de Canarias y finalmente la lleve a efecto.
El Consorcio Insular de Lanzarote, según el artículo 1 de sus estatutos, está formado por el Cabildo insular y los ayuntamientos de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza, "por lo que no cabe negar su carácter de entidad local, toda vez que está constituido exclusivamente por entidades locales; más aún, por la totalidad de los municipios de la Isla y su respectivo Cabildo".
La vía de la denuncia
La Audiencia añade en el texto que otra forma de interesar la iniciativa fiscalizadora es hacerlo por la vía de la "denuncia", pero aclara que ni el escrito del Consejo, ni en el acuerdo adoptado por el mismo, se hace alusión a la existencia de irregularidades en la gestión económico - financiera y contable de Inalsa, lo que excluye la aplicación del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia.
Cabe recordar que una de las solicitudes del Comité de Empresa de Inalsa al finalizar el trabajo del Gabinete de Crisis, que reflotó la empresa, fue la realización de un estudio de lo que ha pasado en Inalsa desde el año 2.000 para hacer una reflexión profunda de las causas que llevaron a la empresa a una delicada situación económica.
Puntos aplazados
Inalsa contrató con la empresa Wasser, experta en fugas y pérdidas en redes, una campaña de choque por un importe de 284.000 euros, que está en marcha durante este año, con el objetivo de bajar las pérdidas del 33 por ciento actual al 25 por ciento, y que, según había anunciado el consejero delegado, Mario Pérez, debía ser complementada con otra campaña de control permanente y la instalación de un telemando y telecontrol para que no se regeneren las pérdidas. El Consejo de Administración dejó sobre la mesa el informe de Wasser para estudiarlo en la próxima sesión.
Asimismo, quedaron pendientes el estudio sobre la modificación de estatutos y la implantación de contrato de calidad ISO 9000. Lo que sí decidió el Consejo de Administración de Inalsa fue contratar un estudio para conocer con exactitud el estado de la empresa en materia estrictamente técnica.