La Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, creada recientemente en Gran Canaria y conocida por haber actuado sin éxito contra los jueces instructores del caso Unión, pretende ahora personarse en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el juez Rafael Lis. Este magistrado investigaba en su Juzgado, presuntamente de forma ilegal, hechos similares a los que denunció esta asociación ante el TSJC, cuestionando la instrucción del caso Unión. Sin embargo, esa querella de la Asociación Jiménez de Asúa contra César Romero Pamparacuatro ni siquiera fue admitida a trámite, al no existir indicios de delito. Además, la asociación se había personado también en la causa que instruía Lis.
Ahora, la misma asociación quiere ser parte en el procedimiento penal abierto contra Rafael Lis, que está investigado por prevaricación, falsedad en documento público y retardo malicioso en la administración de justicia. Entre otras cosas, el juez siguió tramitando una denuncia de Luis Lleó después de haber sido apartado de la causa por tener un interés en la misma, ya que su esposa había sido abogada de uno de los imputados en Unión. Según la Fiscalía, las resoluciones del juez en esas diligencias eran un "corta y pega" de los escritos de Lleó. A su vez, este empresario está vinculado al menos a uno de los juristas que han actuado en nombre de esta asociación.
En un auto fechado el pasado 7 de julio, la Sala de lo Penal del TSJC acepta que la Asociación Jiménez de Asúa se persone en la causa contra Lis, pero le exige para ello una fianza de 12.000 euros. Al respecto, el Tribunal subraya que debe exigirse una fianza siempre que quien pretenda ejercer la acusación no sea el directamente "ofendido" por los hechos que se investigan o alguna asociación o persona jurídica "a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas", cosa que no ocurre en este caso.
Condenada por "mala fe" procesal y por intentar "dilatar" el caso Unión
La Asociación Jiménez de Asúa ya ha sido condenada por "mala fe" procesal dentro del caso Unión. En esa causa, supuestamente, también quería ejercer la acusación popular. Sin embargo, según la Audiencia Provincial, sus únicos pasos hasta ahora se han dirigido a "dilatar la tramitación de la causa".
El colectivo, que ni siquiera estaba registrado formalmente cuando intentó entrar en todas las piezas del caso Unión, vio rechazada su pretensión por parte de la actual instructora, Silvia Muñoz. Finalmente, la Sección Sexta de la Audiencia admitió que se personara solo en una de las piezas, que era la única en la que seguía abierta la instrucción en ese momento. Y lo primero que hizo entonces fue intentar apartar a la juez.
En su auto rechazando esa recusación, la Sección Segunda de la Audiencia tachaba de "clara" y "suficientemente grave" la "mala fe" con la que había actuado la asociación, por lo que le imponía una multa de 1.000 euros. "No solo se ha planteado una recusación carente del más mínimo fundamento sino que, además, las causas invocadas en algunos casos ni siquiera han sido debidamente desarrolladas", señalaba la Audiencia, que agregaba que "la única finalidad de este incidente (de recusación) ha sido el de tratar de apartar a la instructora para dilatar su tramitación".
El escrito de recusación estaba firmado por el abogado Juan David García Pazos, que es el mismo que ha intentado personarse con distintas asociaciones en otras causas de corrupción abiertas en la isla, como el caso Stratvs. Además, García Pazos también ejerció como abogado defensor de Luis Lleó, al menos durante una vista celebrada en esta causa. Y también ha representado al periodista Francisco Chavanel, que lleva años atacando la instrucción del caso Unión, y que se ha enfrentado a una demanda del fiscal Ignacio Stampa y otra del juez César Romero Pamparacuatro, por la "flagrante y premeditada" campaña contra su honor.
Hasta tres posibles tipos de delito de la actuación del juez
La querella contra Lis, presentada por el secretario con el que se inició el caso Unión, José Ramón Vera Machín, fue admitida a trámite a través de un auto del TSJC fechado el pasado 22 de junio. Dos semanas después, la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa presentó un escrito pidiendo personarse como acusación popular.
En su resolución, el TSJC señalaba que existen indicios de hasta tres tipos de delito en la conducta del juez: prevaricación, falsedad en documento público y retardo malicioso en la administración de justicia. En esencia, lo que se investiga es si el magistrado incurrió en estos delitos para "continuar" instruyendo "unas diligencias de las que había sido apartado" por la Audiencia Provincial. Y es que aunque fue recusado por tener un "interés" en esa causa, Lis abrió después otras diligencias, cuyo objeto sería el mismo, separando una denuncia del procedimiento principal.
Además, según el TSJC, durante meses tuvo esas nuevas diligencias "bajo llave" en su despacho, "custodiándolas de manera permanente y personal, sin acceso del secretario de ese Juzgado", que las desconocía, y sin dar traslado tampoco a las partes ni al Ministerio Fiscal. Y todo esto después de haber sido recusado en la primera causa porque su mujer, Margarita Alejo Hervás, era abogada del empresario Juan Francisco Rosa, acusado en el caso Stratvs y en el caso Unión.
Según la Fiscalía, la investigación de Lis se convirtió en una "proscrita instrucción de la instrucción" del caso Unión, y fue utilizada por los acusados para intentar frenar esa causa. Paralelamente, Lleó también presentó querellas contra el primer juez de Unión y contra el fiscal ante el TSJC por los mismos hechos, pero ni siquiera fueron admitidas a trámite al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, Lis mantuvo abiertas diligencias, en teoría centradas en el secretario y agentes de la UCO, ya que ni siquiera tiene competencias para investigar a un juez o a un fiscal. Y lo hizo, según la Fiscalía, basándose en una teoría "absurda, por irracional y disparatada", planteada por uno de los principales acusados en el caso Unión.
Por estos mismos hechos, el juez Rafael Lis tiene también abierto un expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial. Además, este órgano le había abierto ya otro expediente por su intervención en otra causa vinculada a Lleó. En ese caso, el empresario figura como imputado, y el Consejo investiga si hubo un "retraso injustificado" en la tramitación de esta causa por parte del juez, ya que las diligencias estuvieron "paralizadas" durante más de dos años.