Política

La alcaldesa se declara defensora de la independencia portuaria, pero pide "cautela"

El debate en la sesión plenaria de Arrecife, celebrada este martes, se concentró prácticamente en dos temas: la solicitud vehemente de los grupos de la oposición para que el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, defienda ...

La alcaldesa se declara defensora de la independencia portuaria, pero pide "cautela"

El debate en la sesión plenaria de Arrecife, celebrada este martes, se concentró prácticamente en dos temas: la solicitud vehemente de los grupos de la oposición para que el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, defienda ante quien haga falta la independencia portuaria del puerto capitalino y el reclamo del Partido Popular porque entiende que su derecho a estar representado en todas las comisiones informativas del Consistorio está siendo coartado. Alternativa Ciudadana y el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) se mostraron de acuerdo con la reivindicación. Con respecto al primer asunto, María Isabel Déniz aseguró que no renunciará a la independencia portuaria del puerto de Arrecife, pero solicitó "cautela", ya que"estamos en un momento en que se están volcando todas las administraciones para que las obras que se tienen que ejecutar aparezcan en los Presupuestos Generales del Estado". Según la alcaldesa, la solicitud de la autoridad portuaria puede distraer la atención y dar al traste con el desarrollo del puerto y su rentabilidad. Por otra parte, el grupo de gobierno aprobó definitivamente el presupuesto Arrecife 2006.

"Gato encerrado"

A los partidos de la oposición no les convenció para nada la exposición de la primera edil. Ante todo, exigieron a Déniz el respeto íntegro a los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación. El portavoz del PNL, Pedro de Armas, recordó que en junio pasado fue aprobada unánimemente una moción, a instancias de esta formación, que reclamaba la creación de una autoridad portuaria para Lanzarote. De Armas insistió en que si la capital espera a que se ejecuten todas las inversiones desde Las Palmas, el puerto de Arrecife jamás contará con una autoridad portuaria propia y nunca será independiente. Por su parte, el PP sustentó su postura subrayando que el puerto tiene más tonelaje de mercancías que el puerto de Melilla, que se sitúa en tráfico de mercancías por encima de once puertos españoles, que tiene el mismo nivel que muchos puertos de interés general y que registra importantes incrementos de cruceristas. En definitiva, según palabras de Loly Luzardo, portavoz popular, "el crecimiento del puerto, del año 92 a esta parte, es del ciento cincuenta por cien". El PP piensa que el cambio "radical" de la alcaldesa se debe a que comparte grupo de gobierno con el Partido Socialista, formación a la que pertenece el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Emilio Mayoral. Alternativa Ciudadana sostuvo que María Isabel Déniz está deslegitimada para hablar del encarecimiento de la cesta de la compra y del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF). Andrés Barreto intuye que la alcaldesa tiene intereses en las inversiones privadas que se piensan acometer en la zona de influencia portuaria.

Reestructuración de comisiones

El grupo de gobierno, con los votos de la oposición en contra, aprobó reestructurar las comisiones informativas del Ayuntamiento. La alcaldesa primero dio cuenta de la expulsión de que fue objeto ella y seis concejales más del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), dando por hecho el paso al grupo de los no adscritos. Alternativa defendió que, durante la legislatura, la ley no permite la conformación de nuevos grupos políticos. Por tanto, señaló que la única opción de los expilistas era integrarse en el grupo Mixto. Sin embargo, la secretaria del Ayuntamiento aclaró que una modificación en la ley de base permite la mudanza de los concejales a los no adscritos. Superada la discusión, el PP, que se mostró de acuerdo en la conformación de los no adscritos, pidió tener representación en todas las comisiones, pero no dentro del grupo Mixto, compartido con Alternativa Ciudadana, por las obvias diferencias ideológicas existentes entre ambas formaciones opositoras. Luzardo expuso que entre el PIL, que queda con Florian Corujo como único concejal, y el grupo de los no adscritos incrementan la participación en las comisiones, mientras que el grupo Mixto pierde su presencia en dos comisiones. "Con este cambio se ha favorecido al grupo PIL, al grupo de los tránsfugas del PIL y al Partido Socialista, en detrimento del Partido Popular, Alternativa Ciudadana y Coalición Canaria", comentó. Para la alcaldesa el debate es "estéril", ya que no habrá ningún inconveniente porque el voto en las comisiones es ponderado. Es decir, en función a los representantes que tiene cada grupo político en cada una de ellas.

El 10% de La Bufona

Alternativa Ciudadana presentó una moción pidiendo nuevamente explicaciones sobre la reclamación que debe hacer el Ayuntamiento al constructor del plan parcial La Bufona, que no cedió al Consistorio el 10 por ciento de suelo para aprovechamiento público. La concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, informó que el Ayuntamiento ya pidió un certificado al Registro de la Propiedad para constatar que el dueño de la urbanización no tiene más propiedades en la zona. No hay suelo para ceder en La Bufona, así que la propuesta del urbanizador es cederlo en Maneje, pero el Ayuntamiento también está pendiente de la valoración de los terrenos, porque entiende que un metro cuadrado en La Bufona no vale lo mismo que en Maneje o en otro barrio de la capital. En caso de no satisfacer los intereses del municipio, el Ayuntamiento tomará las medidas correspondientes. Cabrera no descartó la vía judicial. Según dijo, son 22.000 metros cuadrados que están en juego.

Prescripción de deudas

La oposición hizo llegar a los medios de comunicación un decreto de la alcaldesa, fechado el 23 de septiembre de 2005, por el que aprueba la prescripción de diferentes deudas tributarias correspondientes a los años 1996 - 2001, que suman 345.056,60 euros, debido a que transcurrieron más de cuatro años desde la última actuación de la Administración tendente a su cobro. El artículo 66 de la Ley 58/2003, de la Ley General Tributaria, así lo ordena.