La acusación popular en el caso Stratvs, representada por la asociación Transparencia Urbanística, ha presentado ya su escrito de acusación, en el que incluye más delitos, mayores penas y un nuevo acusado con respecto a la calificación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que se conoció el pasado mes de marzo. En su escrito, registrado este miércoles, la asociación se adhiere tanto al relato de los hechos como a la mayoría de las penas solicitadas por el fiscal, pero amplía la acusación al introducir algunos hechos que también considera delictivos.
En el caso del principal imputado, Juan Francisco Rosa, la acusación popular pide para él 21 años de cárcel, es decir, seis más de los que solicita la Fiscalía. El motivo está en que formula acusación por nuevos delitos, además de los que ya incluyó el fiscal en su escrito. Según la acusación popular, el empresario incurrió también en tres presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, dos de ellos en concurso con delitos de prevaricación y el tercero en concurso con delitos de falsedad documental. Y es que sostiene que todos los políticos y funcionarios acusados en la causa actuaron "influidos" por Rosa, que se benefició tanto de permisos ilegales y de alteraciones en el Catastro, como de la pasividad de las instituciones ante las ilegalidades que estaba cometiendo con esta obra.
"La autorización, construcción, apertura, puesta en funcionamiento y explotación (de Stratvs) durante casi diez años a pesar de las evidencias de ilegalidad, nunca hubieran sido posibles sin el continuado ejercicio de pleitesía de funcionarios y autoridades frente al poder de influencia del señor Rosa", señala la acusación popular. "Si para el Ministerio Fiscal, Stratvs representa el mayor delito ambiental cometido desde la declaración de Lanzarote como Reserva de Biosfera, para la asociación Transparencia Urbanística Stratvs es la representación física del sometimiento vergonzoso del estado de derecho al poder del dinero", agrega.
En su escrito, la asociación señala que estos delitos continuados de tráfico de influencias habrían comenzado en el año 1998, cuando la bodega recibió los primeros permisos del Gobierno de Canarias, y continuó hasta que finalmente fue la Justicia quien tuvo que cerrar todas las instalaciones en diciembre de 2013, ordenando medidas cautelares dentro de esta causa. Por cada uno de esos nuevos delitos, le pide dos años más de prisión.
Serán 17 en el banquillo
Transparencia Urbanística también amplía la acusación contra una persona más, Juan César Muñoz Sosa, que era director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias cuando se concedió el primer permiso a la bodega. Muñoz estaba imputado en la causa e incluso la juez le señalaba en el auto en el que dio por concluida la instrucción, al ver indicios de delito para llevarle al banquillo. Sin embargo, la Fiscalía había pedido el "sobreseimiento provisional parcial" de las actuaciones contra él en su escrito de acusación, porque considera que hay "dudas razonables" sobre si era consciente o no de la ilegalidad del permiso que otorgó.
Aunque Muñoz Sosa obvió informes negativos al autorizar el permiso, la Fiscalía considera que también contaba con dictámenes positivos, por lo que la responsabilidad recaería sólo sobre esos dos técnicos. Sin embargo, la acusación popular sostiene que Muñoz "tiene una dilatada y extensa carrera profesional que, unida a una formación urbanística de primer nivel, hacen imposible obviar su pleno conocimiento sobre la ilegalidad de la resolución que dicta, e inexcusable su ignorancia en virtud del tenor literal de la autorización concedida".
Además, intentará defender en el juicio que Muñoz no sólo era consciente de la ilegalidad del permiso, sino que jugó un papel determinante en su concesión. Al respecto, recuerda que hasta que Stratvs solicitó esa autorización, el Gobierno canario estaba denegando todas las solicitudes de ampliar bodegas en La Geria. Y también los siguió denegando después.
"Los mismos técnicos que decían que no, dijeron que sí", sostiene la acusación popular, que considera que el "cambio" pudo estar precisamente en el responsable político, ya que cuando Muñoz dejó el cargo se denegaron otros permisos similares en La Geria. Incluso, en el caso del que era el jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez, primero informó en contra de la autorización de la bodega Stratvs y luego emitió un informe favorable, "sin justificar en modo alguno el cambio radical de criterio, para el que utilizó los mismos argumentos fácticos y jurídicos que para denegarlo".
Por eso, además de formular la misma acusación que la Fiscalía contra los técnicos, la acusación popular pide también una multa de 27.000 euros y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con este delito para Juan César Muñoz, porque entiende que se trató de una decisión política.
Además, considera "increíble" que para autorizar la obra se pusiera como "excusa" la necesidad de conservar el paisaje. Al respecto, la acusación popular considera que una cosa es la vid y su cultivo, que es la que da forma a La Geria, y otra la industria, que no tiene por qué estar dentro de ese paisaje permitiendo nuevas construcciones con la excusa de su conservación.
Nuevos delitos para Reyes y dos funcionarios
Además, también se enfrentan a acusaciones por nuevos delitos el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes; el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes; y el aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco. En el caso de Reyes, a los delitos de prevaricación que ya le imputaba la Fiscalía, la acusación popular suma otro de prevaricación por omisión, por lo que le pide otro año de cárcel y 14 más de inhabilitación. En total, el ex alcalde se enfrentaría así a una petición de ocho años de prisión.
Además de haber concedido un permiso ilegal y una posterior prórroga, la acusación popular considera que Reyes no actuó cuando fue consciente de que Rosa ni siquiera se estaba ajustando a lo autorizado en esa licencia. De hecho, los trabajos comenzaron cuando el permiso ya estaba caducado y ni siquiera se había presentado el proyecto de ejecución (lo que se construyó nada tenía que ver con lo que se había autorizado, que era una bodega de 900 metros, cuando lo que se realizó fue un macrocomplejo de más de 12.000).
En el año 2003, el Ayuntamiento de Yaiza llegó a abrir un expediente e incluso el alcalde firmó un decreto ordenando la suspensión de las obras, pero no consta que los trabajos llegaran efectivamente a pararse. De hecho, dos años después el mismo Reyes concedió incluso una prórroga de la primera licencia (caducada desde que se iniciaron los trabajos), dando así una supuesta cobertura a los trabajos que se venían realizando. Por eso, la acusación popular considera que ese decreto de paralización que firmó el alcalde en el año 2003 fue sólo "papel mojado", para cubrir el expediente ante un escrito que se había presentado en el Ayuntamiento denunciando estas obras.
En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, la acusación popular pide para ellos dos años más de cárcel de los que pedía la Fiscalía, al acusarles de un nuevo delito de fraude a la administración, relacionado con las tasas y tributos que cobró el Ayuntamiento de Yaiza a Juan Francisco Rosa, y que entiende que no se correspondían con lo que debía haber pagado en realidad el empresario.
En total, Carrasco se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel y 24 años de inhabilitación, dado que además en dos ocasiones informó favorablemente a la concesión de licencias a Stratvs. En cuanto a Bartolomé Fuentes, que ya fue apartado de su cargo como secretario por una condena anterior, la acusación pide en total 3 años y medio de cárcel para él e inhabilitación de 18 años. Y es que aunque el secretario informó en contra de la licencia de obras de Stratvs, después informó favorablemente a la concesión de la licencia de actividad clasificada que permitió su apertura.