Política

La Junta Electoral desestima la denuncia de CC contra Torres por unos tweets sobre Lanzarote

Los nacionalistas señalaron al presidente del Gobierno de Canarias y al consejero Julio Pérez por promocionar la construcción de viviendas sociales en Maneje

ADT

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. EFE / Luis G Morera

La Junta Electoral de Canarias (JEC) ha desestimado la denuncia presentada por Coalición Canaria contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Administracones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, por vulneración de la Ley Electoral. 

Según el escrito al que ha tenido acceso La Voz, Coalición denunció el pasado 20 de abril al presidente regional y al portavoz del Ejecutivo por la publicación de unos tweets anunciando la creación de vivienda social en Lanzarote después de 27 años sin nuevas obras. 

Un día después, Ángel Víctor Torres presentó alegaciones contra la denuncia y solicitó la desestimación de la misma. Además, el socialista retiró de su perfil personal, del institucional y del perfil del consejero de Administraciones Públicas. 

"Los mensajes publicados que son objeto de denuncia han sido ya eliminados, voluntaria y cautelarmente", comenzó la Junta Electoral en su resolución. A pesar de ello, hizo un análisis exhaustivo de los tweets publicados por el presidente canario. En ellos, Torres se habría hecho eco de la construcción de 134 viviendas sociales en Maneje

Los tweets publicados en su cuenta personal fueron entendidos por la Junta Electoral como "libertad de expresión", al considerar que no había enlaces a la web del gobierno, ni que el perfil personal del presidente estuviera financiado con dinero público.

En cuanto a la publicación de la información a través de las redes sociales oficiales de Presidencia del Gobeirno de Canarias, lo enmarca dentro de la comunicación institucional "de datos objetivos deducibles" tras un acuerdo del Consejo de Gobierno. 

A pesar de desestimar la denuncia, la Junta Electoral Canaria recalcó que los poderes públicos deben convenir "extremar su deber de diligencia en el marco de sus intervenciones institucionales, evitando emitir manifestaciones que pudieran reflejar connotaciones electoralistas, ya que pueden comprometer su deber constitucional de neutralidad".