El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez Montero, se sentará este lunes 16 de octubre en el banquillo, en la causa abierta por el contrato de arrendamiento de la finca Villa Dolores. La Fiscalía, que pide cuatro años de prisión y doce años de inhabilitación para Ramírez, considera que éste cometió los delitos penales de falsedad por funcionario público en documento oficial y de prevaricación en relación al arrendamiento de dicha finca por parte del Ayuntamiento, y que posteriormente -siempre con Ramírez como alcalde- fue destinada a escuela taller de rehabilitación del patrimonio de Haría.
En concreto, la acusación contra el ex alcalde se debe a que el contrato firmado entre las dos partes "incluía una cláusula adicional, por la cual si el Ayuntamiento optaba por la prórroga del contrato por 20 años más, el arrendador percibiría la cantidad de 500.000 pesetas mensuales, cláusula adicional que no figuraba en el contrato cuando éste fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento", en mayo de 1995, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
De hecho, el contrato original era por cuatro años, y por un monto de 150.000 pesetas mensuales, pero con una tipografía diferente a la del resto del documento, por lo que se cree que fue agregada con posterioridad, se añadió esta cláusula que triplicaba con creces el pago mensual fijado inicialmente. Los peritajes judiciales realizados establecieron que esa cláusula adicional fue agregada con una máquina de escribir que fue encontrada en la sede del Ayuntamiento de Haría, y que ahora se encuentra depositada en el Juzgado de Paz.
A esto hay que agregar que cuando se acordó destinar la finca Los Dolores al uso como escuela - taller, se solicitó una subvención, para lo que debía existir un contrato de cesión de la finca por el plazo de al menos 25 años. Lo que había hasta entonces no era un contrato de cesión (de carácter gratuito), sino de arrendamiento y, ante esto, según el Ministerio Fiscal, Ramírez firmó un nuevo contrato con el administrador único de la propiedad, Pedro Perdomo Reyes, en este caso de cesión. De esta manera, siempre según el escrito del fiscal, existen para una misma finca, y en periodos coincidentes, dos contratos, uno de arrendamiento y otro de cesión, lo que sería una irregularidad.
Más acusados
El fiscal también pide que se imponga una multa y una condena de suspensión de cargo público durante diez meses a Teresa Caba Jiménez, quien por entonces era secretaria del Ayuntamiento, y está acusada de haber "faltado a los deberes de velar por la realización del contrato según las condiciones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento".
El tercer acusado en este proceso es el administrador único de la sociedad dueña de la finca en cuestión, Villalma-94 S. L., el mencionado Pedro Perdomo Reyes, sobre quien el fiscal considera que cometió el delito de "falsedad por particular en documento oficial", ante lo que solicita que se le imponga una condena de dos años de prisión, inhabilitación para votar durante el mismo período y una multa.
Además, la acusación del fiscal también sostiene que el ex alcalde Juan Ramírez falseó una calificación de suelo, en este caso en la zona de Tabayesco, en beneficio de la misma sociedad, dándole vía libre para edificar en una parcela que estaba catalogada como núcleo rural. Esto, según la acusación, además de la irregularidad que el acto en sí conllevaría, puede suponer un claro indicio de una presunta connivenia entre el ex alcalde y el propietario tanto de la finca Villa Dolores como del terreno en cuestión.
Las supuestas irregularidades cometidas con el contrato de arrendamiento de la finca Villa Dolores salieron a la luz cuando en el año 2000, y ya con José Torres Stinga como alcalde de Haría, el Ayuntamiento se negó a seguir pagando el alquiler de dicha finca, por entender que las cosas no estaban nada claras.