El ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, ha reconocido este martes que prevaricó al autorizar cuatro complejos alojativos ilegales y al otorgar prórrogas a las licencias de dos de ellos entre los años 1999 y 2001. Hernández ha evitado así la celebración del juicio y ha aceptado la pena que pedía la Fiscalía, de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística. Además, deberá pagar una multa de 5.400 euros y las costas del juicio.
Hernández se ha convertido así en el primer condenado del caso Yate, que investigaba la concesión masiva de licencias ilegales en Costa Teguise y Playa Blanca. Los hechos fueron denunciados hace ya una década por el que fuera consejero de Política Territorial y secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, personado en la causa como acusación popular. Ahora, se está a la espera de la celebración del juicio por las licencias otorgadas por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.
En esa causa, la Fiscalía pide 25 años de prisión para Reyes, al sumarse otros delitos como blanqueo de capitales y cohecho. Además, junto a Reyes se sentarán en el banquillo varios técnicos de Yaiza, así como su mujer y tres de sus hijos. También está pendiente el juicio por otra pieza separada de la causa, por presunta malversación de fondos en los pagos al abogado Felipe Fernández Camero.
Segunda condena para Hernández
El juicio contra Juan Pedro Hernández se iba a celebrar este martes y miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se hizo cargo de la instrucción de esta causa cuando Juan Pedro Hernández pasó a estar aforado, al convertirse en diputado regional en la pasada legislatura. Sin embargo, antes de iniciarse el juicio, el ex alcalde ha mostrado su conformidad con el escrito de acusación presentado por el fiscal Vicente Garrido.
La acusación popular, que pedía 4 años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, también ha aceptado el acuerdo, al que se ha agregado también una pena de multa de 5.400 euros y el pago de las costas procesales. Además, se aclarará expresamente que la inhabilitación no solo será para el cargo del alcalde, que fue desde el que cometió el delito continuado de prevaricación urbanística, sino también para cualquier otro cargo regional o estatal.
Se pretende evitar así lo que sucedió con la primera condena de inhabilitación a la que se enfrentó Juan Pedro Hernández, que afectaba solo al ámbito municipal y no le impidió continuar como parlamentario regional. Actualmente, cabe destacar que Hernández no ocupa cargo público, ya que no iba en ninguna lista en las pasadas elecciones.