El juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha imputado por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y de alteración de precios en concursos a los arquitectos José María Pérez Sánchez y Víctor Sánchez Martín, que este miércoles han prestado declaración en los Juzgados de la capital.
Ambos estaban citados para comparecer por primera vez ante el juez, después de haber declarado hace cuatro meses ante la Guardia Civil, poco después de estallar la Operación "Unión" en la isla. Sus despachos fueron registrados y sobre los dos pesaba desde entonces una imputación policial, supuestamente vinculada al concurso para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Los dos han declarado durante más de una hora cada uno ante César Romero Pamparacuatro. El arquitecto técnico (aparejador) José María Pérez estaba citado a las 9:30 horas, y Víctor Sánchez a las 11 horas. Los dos han entrado y salido de los Juzgados intentando esquivar a la prensa, que esperaba a las puertas del Palacio de Justicia. En el caso de Pérez, se le ha visto salir por un acceso trasero, mientras que Víctor Sánchez ha salido corriendo para intentar evitar las fotografías.
Plan General
En su momento, la información oficial hecha pública por la Guardia Civil señalaba que, además de una presunta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, la Operación "Unión" también investigaba "una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife".
Una de las personas detenidas en la primera fase de la operación, Elena Martín, que también está pendiente de declarar ante el juez, estaría vinculada a estos hechos. La hija de Dimas Martín es jefa del departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife y, al parecer, cuando estalló esta intervención judicial, estaba elaborando el pliego de condiciones técnicas para sacar a concurso la redacción del avance del futuro PGOU capitalino.
Elena Martín fue detenida el 25 de mayo y posteriormente puesta en libertad con cargos, tras declarar ante la Guardia Civil.
Qué es alteración de precios en concursos
El Código Penal aplica el delito de alteración de precios en concursos a "los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación". Las penas previstas para este delito contemplan de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
En cuanto al tráfico de influencias, se aplicaría en este caso "al particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero". Ante este delito, se contemplan "penas de prisión de seis meses a un año".