"La Presidenta ha ocultado información porque el informe de la interventora está fechado a día 28 de junio", se quejaba Manuel Fajardo. Este martes, "en el Pleno Extraordinario celebrado con motivo del Plan de Viabilidad, yo le pregunté a la presidenta por el informe y no me respondió, ¿por qué?", se pregunta el portavoz de CC. "Con Inalsa estamos viviendo uno de los disparates más grandes de los últimos años", se lamentaba Fajardo.
"El informe viene a concretar punto por punto todo lo que desde la oposición le estamos diciendo al grupo de Gobierno", explicaba Juan Carlos Becerra. "Según la interventora, no hay ni informe técnico, ni jurídico, ni económico", añadía.
Según Francisco Cabrera, portavoz del PP, es importante "que las tres fuerzas de la oposición estemos unidas contra el Plan". Según él, este informe existe pero "el propio documento reconoce que tenía que haber existido por petición de Manuela Armas", y no por Coalición Canaria, que fue quien solicitó la elaboración del documento. Además, el portavoz del PP aseguraba que "la presidenta nos ha ocultado los escritos de la Audiencia de Cuentas".
"Ahora Manuela Armas tiene que revocar el Plan porque el informe es preceptivo y vinculante", manifestaba Manuel Fajardo. "Si no lo hace, tomaremos medidas jurídicas", añadía. Por eso, Francisco Cabrero pedía a la presidenta que firme un decreto que paralice el Plan.
El contenido del informe
El documento, firmado el día 28 de junio por la interventora general Rosalinda Bonilla Reyes y solicitado para averiguar si el Plan cumple el nivel de endeudamiento y estabilidad presupuestaria, explica que el Plan debe contar con los informes "preceptivos y vinculantes" del Consorcio Insular de Aguas. Sin embargo, a la intervención del Cabildo "no le consta" ningún tipo de documento de este órgano porque en el Consorcio no existe el puesto de interventor de fondos.
El informe se pregunta si el órgano competente para aprobar asuntos de carácter económico "es el Consejo de Administración o la Asamblea del Consorcio".
En cuanto a la financiación del proyecto, el documento revela que "está basada en recursos ajenos mediante préstamos, sin que se detalle si supondrán aportaciones dinerarias a capital social, por lo que no es posible proceder a una fiscalización óptima, al no recogerse el destino de la aportación".
La interventora afirma que, en cuanto al análisis económico, no le consta "documentación técnica que lo avale" ya que, "no es sólo competencia del administrador financiero de la sociedad sino que requiere el preceptivo informe de la intervención de fondos del Consorcio".
En cuanto a la línea de financiación propuesta "no consta que los ingresos hayan sido debidamente evaluados en virtud del Principio de Prudencia", porque, según el documento, en el Plan "se indican aportaciones públicas de las cuales no consta compromiso firme de aportación y, por tanto, no procedería su previsión". El informe también resalta que la línea de financiación propuesta "supera con creces el capital social suscrito por las autoridades públicas".
Como a la interventora no le consta documentación sobre los datos de liquidación del último presupuesto aprobado por el Consorcio, afirma que no puede proceder a analizar el volumen de endeudamiento y su ahorro neto.
El informe concluye que, cumpliendo con el artículo 173 del Real Decreto 2568/86, "esta intervención informa de la necesidad de llevar a cabo las instrucciones dadas por la Audiencia de Cuentas, así como las de este Centro Fiscal, donde la ausencia palmaria de los preceptivos informes imponen que el acto sea informado con carácter desfavorable".
Concentración el 9 de julio
Este miércoles también se ha reunido la Mesa Social por el Agua. La agrupación, formada por 48 colectivos, ha convocado una concentración para el próximo 9 de julio, a las 19.30 de la tarde, frente al Cabildo Viejo, en la calle Real de Arrecife. El objetivo, en palabras de su portavoz, David Luna, es "que Manuela Armas y la dirección de Inalsa escuchen a la ciudadanía de Lanzarote y paralicen el llamado Plan de Viabilidad de Inalsa, que desembocará irremediablemente en el embargo de los bienes de la empresa pública y unitaria del Agua".
David Luna también lamentaba que la presidenta del Cabildo no se quisiera reunir con ellos. En la carta que les envió, Manuela Armas hablaba de "caudillos y sátrapas que ejercen autoridad o representación pública en Lanzarote" y el portavoz de la Mesa se preguntaba "¿a quién se refiere Manuela Armas cuando habla de caudillos y sátrapas?".
La agrupación también comunicaba que, por el momento, no han obtenido respuesta sobre la convocatoria urgente y extraordinaria que solicitaron al Consejo de la Reserva de Biosfera de Lanzarote.
La Mesa hacía así un llamamiento público a toda la sociedad para que se movilice y diga que "nuestra agua, el futuro de nuestra isla, no está en venta", declaraba su portavoz.