Inés Rojas afirma que tanto los medios como la clase política, "destacan interesadamente" los últimos acontecimientos que han rodeado al proceso de declaración de Bien de Interés Cultural del entorno del Castillo de San José y declara "asumirlo", pero no considera razonable que lo hagan "conociendo realmente cómo han sido las cosas y cómo yo salvaguardé que el BIC no caducara".
La presidenta mantiene que las alegaciones que llegaron al Cabildo el 31 de julio, "no son las mismas que se desestimaron" con anterioridad, según le ha informado el Secretario del Cabildo, que ha leído el documento de alegaciones que envió la Autoridad Portuaria de Las Palmas en abril y también el que envió el último día de julio. Aunque en el encabezamiento de ese documento la propia Autoridad Portuaria señala que se trata de una "reiteración" de sus alegaciones, según Rojas, "la conclusión a la que llegan es la misma, pero alegan otra serie de consideraciones distintas".
Ha vuelto a recalcar que "la carta es conocida por los tres socios de Gobierno", puesto que estaban presentes los dos vicepresidentes del Cabildo que según la presidenta, le dijeron que tuviera cuidado en salvaguardar que no se cumplan los plazos de caducidad del BIC y se ha defendido de las acusaciones emitidas por PSOE y PP, de no tener avales técnicos para realizar la solicitud, alegando que "cuando tú haces una actuación de forma urgente y sobre la marcha, no necesitas advertir a nadie de nada".
Por su parte, el consejero de Política Territoria, Carlos Espino, cuyo partido insinuaba la semana pasada que el pacto de Gobierno podría romperse si la presidenta del Cabildo no ofrecía explicaciones satisfactorias sobre este asunto, no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Tampoco se ha pronunciado al respecto el vicepresidente Mario Pérez.
Aunque al Cabildo no ha llegado ninguna notificación oficial con los motivos que llevaron a no incluir finalmente en el orden del día del Consejo de Gobierno el expediente del Castillo de San José, la presidenta ha declarado "con toda prudencia" que la causa fue la apertura antes de tiempo por parte de la Primera Institución del expediente para renovar el BIC, que había caducado en 2001. Una vez que caduca la ley estipula que debe iniciarse la renovación a los tres años, aunque puede iniciarse antes si el bien a declarar es propiedad del que reclama esa renovación. En este caso el Castillo de San José es del Cabildo, pero parte del entorno a proteger pertenece a Puertos del Estado. Este fue el motivo que le explicó, vía telefónica, el consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias, Isaac Godoy, responsable de declarar los BIC.