Inalsa ha advertido de un posible delito de apropiación indebida en los pagos que recibió el abogado Ignacio Calatayud por los incidentes derivados del concurso de acreedores de la empresa, que afirma que ascendieron a unos 800.000 euros y que recibió en concepto de costas judiciales, al ser condenada la otra parte.
Al respecto, Inalsa habla de “apropiación” de esas costas y señala que “constituye una práctica irregular toda vez que el derecho a percibir las mismas corresponde al cliente y no a su abogado”. Incluso, advierte que “si se apreciase una apropiación indebida de dichos fondos, el código penal castiga esa conducta con penas que pueden llegar a los seis años de cárcel, dado el elevado importe de las cantidades embolsadas”.
En el caso de Inalsa, que se encontraba en concurso y por tanto en suspensión de pagos, explica que las costas procesales “tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa activa”, por lo que no podían quedar “a la libre disposición” del entonces presidente del Cabildo y consejero delegado de la empresa, Pedro San Ginés. “Tenían que destinarse a pagar parte de la deuda a los acreedores, pero el acuerdo verbal al que San Ginés llegó con su amigo ha permitido hasta el momento que Calatayud se haya quedado con todo el dinero, sin reintegrar a la empresa ninguna cantidad, una circunstancia aún más grave al tratarse de créditos en favor de una empresa pública y, en consecuencia, fondos públicos”, insiste Inalsa.
Su participación respondió "a encargos verbales de San Ginés"
Los actuales gestores de la empresa afirman que consideran “muy grave lo ocurrido con el dinero de las costas procesales a favor de la empresa”. “En primer lugar, porque la participación de Calatayud en los incidentes concursales responde a encargos verbales de San Ginés, ya que no existe ningún expediente de contratación o designación que le faculte para representar a la empresa pública, pues el contrato formalizado por su amigo-presidente excluyó expresamente los incidentes del objeto del contrato”, subrayan.
“En segundo lugar”, añaden, “tampoco existe instrucción o acuerdo alguno autorizando al amigo de San Ginés a quedarse con todo el dinero de las costas procesales a favor de la empresa, más allá de las insostenibles manifestaciones de Pedro Martín Toledo, uno de los tres antiguos administradores”. A petición de Calatayud, Toledo ha señalado que existía un acuerdo por el cual “si se perdía el proceso no tenía coste para Inalsa, si se ganaba con costas, el pago lo asumía la parte condenada en costas”. Sin embargo, Inalsa insiste en que eso “no consta a la empresa, porque no existe ningún documento que acredite la existencia de ese supuesto acuerdo”.
“En todo caso, la estrategia urdida por los dos amigos, San Ginés y Calatayud, permitió que el letrado se personara de manera irregular en los procedimientos y se apropiara de 800.000 euros que deberían haber ido destinados al pago de las deudas de Inalsa, en un momento en que, además, la empresa se encontraba en suspensión de pagos en plena crisis económica”, denuncian.
“Cobró casi el doble que los administradores concursales”
“Tan gravosas para Inalsa fueron las condiciones supuestamente pactadas con Calatayud, que llegaron al extremo de que los honorarios del letrado amigo del expresidente superaron incluso los de los administradores concursales, cuyos honorarios, fijados por la ley, se usan para determinar el límite de lo que corresponda al letrado de la concursada por toda la tramitación del concurso”, subraya la empresa.
Al respecto, recuerda que los administradores concursales intervinieron en todos los incidentes (más de 20 en total) y realizaron funciones de administración, control económico y asistencia jurídica. “Unas tareas, las desempeñadas por los administradores, que son muy superiores a las que corresponden al abogado de la empresa concursada. Además, Calatayud solo intervino en cinco incidentes y se incorporó al concurso cuando ya estaba en tramitación con el trabajo previo realizado por el anterior abogado, a pesar de lo cual cobró la fase común íntegramente, sin descontar los honorarios abonados por el trabajo anterior”, destacan.
“Calatayud, gracias a Pedro San Ginés, no solo se embolsó 800.000 euros de costas procesales que correspondían a Inalsa en esos incidentes, sino que también se quedó con los 156.000 euros de la fase de concurso y ahora reclama otros 82.000 euros por un nuevo incidente”, cuestionan desde la empresa pública.