El senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, ha intervenido este jueves en Radio Lanzarote-Onda Cero para explicar la situación en la que se encuentran algunos vecinos de La Graciosa, que están recibiendo requerimientos de Hacienda para que paguen diversas cantidades de dinero o justifiquen por qué parte de sus solares invaden el dominio público estatal.
En concreto, el Estado les pide 394 euros por cada metro cuadrado de suelo público ocupado en un requerimiento previo o bien que entreguen el documento que justifique la titularidad de los terrenos. "Hay gente a la que le están reclamando 2.000 euros y hay otras a quienes le están reclamando más porque tienen ocupados en teoría más de 100 metros", ha señalado Fajardo Palarea.
Esta situación se remonta al 7 de noviembre de 2006, cuando el Organismo Autónomo de Parques Nacionales aprobó un nuevo deslinde en los terrenos de la octava isla.
Sobre estos terrenos de titularidad pública se han construido viviendas y existen también explotaciones agrarias de los gracioseros.
"Cuando se hace el deslinde, el Ayuntamiento de Teguise no hace absolutamente nada", ha expuesto el senador durante su intervención radiofónica. Ahora el Estado pide a los vecinos que paguen por el suelo ocupado en un conflicto que perdura desde hace ocho años.
El papel del Ayuntamiento de Teguise
No es hasta noviembre de 2016, diez años después de la aprobación del deslinde, cuando algunos gracioseros residentes en Caleta de Sebo fueron requeridos por el Área de Patrimonio del Estado para que regularizaran su situación jurídica mediante la compra de la superficie ocupada. Entonces el Ayuntamiento de Teguise pidió "suspender el plazo otorgado" hasta que se aclarara la situación.
El Ayuntamiento de Teguise, ya bajo la alcaldía de Oswaldo Betancort (CC), solicitó al Estado que "solucionara el error catastral de algunas fincas". El consistorio mantenía que tenía "estudios topográficos" que demostraban que era el Estado quien se equivocaba en los deslindes.
Palarea ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy requirió dos veces al Ayuntamiento de Teguise la documentación para solucionar el problema de los deslindes en La Graciosa, pero que no obtuvieron respuesta. Además, por tercera vez en 2018 el Estado hizo unas diligencias para tratar de solventar la situación.
Sin embargo, Fajardo Palarea ha asegurado que Teguise nunca entregó esos documentos al Gobierno de España ni atendió a los requerimientos para comprobar in situ el deslinde.
"Me llevo la sorpresa de que el actual presidente del Cabildo de Lanzarote, que fue alcalde de Teguise, se llama de alguna manera garante para salvar los derechos de los ciudadanos de La Graciosa afectados. Cuando realmente lo que ha ocurrido es que fue el propio Ayuntamiento de Teguise [en 2016], tengo la prueba documental, el que no coadyugó en absoluto para arreglar este tema", ha resaltado Palarea durante su intervención en el matinal Buenos días, Lanzarote.
"Imaginemos que somos nosotros, que yo digo se han equivocado en esto y tengo el documento que lo demuestra y ustedes me lo piden y yo no se lo doy", ha ejemplificado el senador por Lanzarote.
Tres años después en 2019, el senador del Partido Popular por Lanzarote, Joel Delgado, requirió a Oswaldo Betancort que remitiera esos estudios topográficos que había anunciado y que, "según fuentes del Ministerio" no constaban en el Departamento.
Ya en enero de 2020, el entonces senador por la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo (CC), instó al Gobierno de España de Mariano Rajoy (PP) a revisar el deslinde marcado por Parques Nacionales en La Graciosa en 2006, hacía 14 años.
"Ahora, tras la revisión de ese deslinde practicado en 2006, existen expedientes de regularización que supuestamente invaden parcelas de titularidad estatal", señaló entonces Fernando Clavijo. En aquel momento eran más de 40 los vecinos afectados por esta situación.
Fajardo Palarea ha asegurado que Clavijo "dejó morir" en el Senado esa iniciativa, que no siguió adelante. El actual presidente canario pedía al Estado volver a las delimitaciones de 1965 y el alcalde de Teguise en aquel momento, Oswaldo Betancort (CC), atribuía de nuevo la situación a "un error de la Dirección General de Patrimonio del Estado".
"Aquellos que no entregaron la documentación que el Estado requería ahora resulta que se ponen al frente de la defensa, pero vamos a ver, las dos cosas a la vez no pueden ser", ha concluido el senador.