Quince días después de que el Juzgado impusiera una multa de 500 euros mensuales al alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, por el "incumplimiento sistemático" de una sentencia, el grupo de gobierno ha cerrado el expediente para ejecutar el fallo. Y lo ha hecho legalizando la obra, cuya primera licencia fue declarada ilegal.
El fallo fue dictado en 2017, ordenando el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada con la ampliación de una vivienda de Costa Teguise. Dos años después, en 2019, el TSJC rechazó el recurso del Ayuntamiento y declaró firme la sentencia, que seguía sin ejecutarse.
Ahora, la Junta de Gobierno ha otorgado una nueva licencia, en una sesión extraordinaria celebrada este martes, a la que no asistió el alcalde. Eugenio Robayna ejerció de alcalde accidental y presidió la reunión, de la que también se ausentaron los concejales Antonio Callero y Julián Gerardo Rodríguez.
“Sólo se toman en serio la justicia cuando le tocan el bolsillo al alcalde”, ha cuestionado el portavoz del PSOE, Marcos Bergaz. “Tres años sin acatar una sentencia judicial, le multan con 500 euros y en 15 días lo resuelven”, ha criticado el edil.
Hasta tres requerimientos judiciales previos
En el auto que estableció una primera multa de 500 euros al alcalde -advirtiendo de que se repetiría el día 1 de cada mes hasta que ejecutara el fallo-, el Juzgado subrayaba que Betancort había sido requerido “hasta en tres ocasiones, con los correspondientes apercibimientos”, para que explicara por qué no había ejecutado la sentencia. “Las justificaciones han sido de todo punto insatisfactorias, revelando el ánimo” de “demorar la resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística”, reprochaba el auto.
“Una vez más vemos que este gobierno reacciona cuando el patrimonio del alcalde se ve afectado o se le advierte con medidas contra su bolsillo, momento en que cumple diligentemente con la justicia y atiende sus mandamientos”, señala Marcos Bergaz.
“Instamos a que sea la última vez que la justicia se vea obligada a sancionar al alcalde para que cumpla sus obligaciones, pues además del sonrojo que produce, merma la imagen de la institución y demuestra una falta de gestión por parte del gobierno teguiseño”, continúa el edil.
“Si hubiera sido la primera advertencia judicial, todavía tendría justificación Cuando se convierte en una práctica habitual, - recordemos los avisos judiciales por los no derribos de los esqueletos o la no ejecución de sentencias sobre el plan general - corresponde una crítica pública y la rectificación inmediata”, finaliza Bergaz.
"Legalizable" según el Plan Parcial, pero no según el Plan General
Para legalizar la obra, el Ayuntamiento se ha basado en el Plan Parcial Especial de Ordenación Costa Sur de Teguise de 1973, y no en el Plan General. Al respecto, los informes municipales señalan que es “legalizable” con respecto al primer documento, pero no con respecto al segundo.
Así, se ha aplicado el “más favorable”, que era lo que solicitaba el promotor, alegando que el actual Plan General entró en vigor después de que se llevaran a cabo estas obras.
Uno de los temas que llevaron a declarar nula la primera licencia fue que se le había adjudicado un aumento de la edificabilidad sin tener en cuenta los derechos de los propietarios del resto de la parcela.
Al respecto, la nueva resolución señala que de la edificabilidad que queda disponible en esa parcela, a este promotor le corresponde el 4,15%, que cifra en 139,44 metros cuadrados. Así, señala que “tratándose esta legalización de 116,31” metros cuadrados, “es “inferior a lo que le corresponde”.