El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, ha comparecido durante la mañana de este sábado en la sede de la Institución junto a su homólogo en el Gobierno de Canarias, Francisco Candil, para mostrar la “profunda preocupación” existente ante la actual “sobresaturación” de los centros de menores migrantes. Además, Candil ha desmentido que la situación de la Casa del Mar es la que se ha visto en las imágenes difundidas.
“El Cabildo de Lanzarote tiene seis dispositivos abiertos en la isla para asistir a estos niños y niñas. Eso supone un coste para esta Corporación pública en torno a los cuatro millones de euros. El Gobierno de Canarias ha implantado nuevos centros en Lanzarote (3), algo que no existía en la pasada Legislatura, y se lo agradecemos profundamente. Sin embargo, echamos muy en falta la presencia del Estado español en esta materia. Porque no ha abierto centro alguno, porque no cede instalaciones y, en definitiva, porque no está ayudando a Canarias ante una crisis migratoria nunca vista”, ha reprochado Marci Acuña.
En un tiempo en el que el Congreso de los Diputados analiza una necesaria reforma en la Ley de Extranjería, para asegurar una distribución autonómica solidaria y dar dignidad a la atención de miles de menores, el consejero insular de Bienestar Social dibuja un “panorama complicado” de cara al verano: “Hasta ahora han llegado a Lanzarote 40 pateras, y la previsión es que el segundo semestre sea especialmente difícil. Y ante eso, tenemos que crear nuevos recursos y ser previsores para que esa situación no nos desborde aún más. Esta es la preocupación que hemos compartido hoy con el viceconsejero”.
Acuña ha confirmado que durante el pasado año llegaron a Lanzarote y La Graciosa un total de 742 menores, y que a día de hoy son unos 200 los niños y niñas migrantes que están siendo atendidos. “Gracias al esfuerzo del Gobierno de Canarias”, expone, “se hacen traslados casi a diario a otras islas. Pero, también hay que tener en cuenta que la sobresaturación existe en el resto de centros del Archipiélago”, puntualiza antes de recordar que son unos 5.500 los menores que actualmente permanecen en recursos migratorios de las islas.
Además, el consejero Marci Acuña ha recalcado: “Estamos aquí dando la cara ante esta denuncia hecha sobre el recurso, como ya lo hicimos con el albergue de La Santa. El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias están afrontando el problema a diario, con escasos medios y en solitario. Un drama que esperamos no alcance situaciones de mayor gravedad”.
“Las imágenes no corresponden a la realidad”
Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha detallado que, en la reunión mantenida este sábado, se ha evaluado la situación actual de los recursos alojativos para menores migrantes en Lanzarote. “Llevamos meses advirtiendo de la saturación de nuestros dispositivos y de la necesidad de que el Estado nos ceda instalaciones militares en desuso. Por desgracia, la respuesta del ministerio de Defensa ha sido negativa”.
El responsable autonómico ha añadido que, en el caso del centro ubicado en la Casa del Mar de Arrecife, “el Gobierno abrió este dispositivo con la intención de que fuera temporal, pero la incapacidad para encontrar infraestructuras alternativas ha impedido que hayamos podido cerrarlo. No obstante, se han realizado obras de mejora y saneamiento, pero con las dificultades de que tenemos que realizarlas sin desalojar el edificio”.
Candil confirmó que el inmueble “no es el idóneo, claro”, pero, primero desmintió que fueran medio centenar los menores alojados allí actualmente: “En esta hospedería que tuvimos que rehabilitar hay actualmente 29 niños y niñas, y nada de 55 como se ha señalado”. Asimismo, desmintió la veracidad de las imágenes divulgadas esta semana del interior del centro, “que no corresponden a la realidad”; explicando que algunas fueron tomadas allí hace meses, justo después de un incendio de colchones. “En estos meses el centro ha mejorado”, según ha subrayado.
Para Candil, “es urgente que el Estado y las comunidades autónomas se involucren en la atención a estos menores. Debe ser un asunto de Estado y es prioritario que se acuerde la reforma de la Ley de Extranjería para que se garantice la corresponsabilidad de todas las comunidades”, concluyó.