"Hay ocasiones en que el acusador popular es un caballo de Troya que entra en el proceso con la panza repleta de intereses bastardos". Esta frase, pronunciada por el juez Javier Gómez de Liaño, es citada en un escrito del Ministerio Fiscal para reflejar la "desconfianza" que le genera un "tardío" intento de personación en el caso Unión. En ese escrito, el fiscal Javier Ródenas se vuelve a oponer a que una asociación de juristas de Gran Canaria, recién creada y que sigue sin identificarse debidamente, se persone como acusación popular en una de las piezas del caso.
Desde hace meses, la Asociación por la Defensa de la Legalidad y Garantías del Proceso Jiménez de Asúa está intentando intervenir como acusación popular en distintas piezas de Unión, pese a que ya están cerradas y listas para ir a juicio. Ahora, ha vuelto a presentar un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial, después de que la juez Silvia Muñoz rechazara por segunda ver su personación, en concreto, en la pieza número 12 (que es una de las principales y tiene 14 acusados por cohecho y malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife).
En su escrito respondiendo a ese recurso, la Fiscalía respalda el criterio de la juez instructora y pide que se rechace esa personación por ser "extemporánea" y porque además provocaría "dilaciones indebidas" en el procedimiento. Y es que esta asociación, que ni siquiera estaba registrada formalmente cuando pidió su personación, ha solicitado además que se anule el auto de apertura de juicio oral (que se dictó ya el pasado mes de julio). Incluso, pretende que se dé traslado de toda la causa, que tiene "58 tomos más anexos documentales más piezas de convicción" a la Audiencia, solo para que resuelva el recurso sobre si procede o no su personación. "Si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece", llega a afirmar la Fiscalía, que considera que no se puede esperar a que esta asociación "estudie una causa que jamás le interesó" y que "ni siquiera conoce, según sus propias palabras".
"Es querer paralizar sine die" la causa
"Pretender esperar a subsanar graves defectos de personación en la causa que ya estaba cerrada en su instrucción y con las calificaciones presentadas y querer retirar el auto de apertura de juicio oral es querer que la instructora paralice sine die la tramitación procesal", sostiene el fiscal Javier Ródenas.
Además, agrega que más allá de los "fines" que invoca la asociación, que son genéricos e indeterminados según la juez, lo que "desvela la verdadera naturaleza" de lo que se pretende "son los actos procesales, modo, tiempo, forma de ejercitarlos". Y en este caso, los pasos dados hasta ahora por esta asociación solo llevan a retrasar un procedimiento que está listo para ir a juicio.
"¿Cómo es posible que un procedimiento penal que ha gozado de una enorme difusión mediática (el caso "Unión") solo incentive a esta asociación a ejercitar la acción popular cuando ha concluido la fase instructora?", se pregunta el Ministerio Fiscal, que subraya que es precisamente en la instrucción "donde se hace más necesario proyectar los intereses que dice abanderar la recién estrenada asociación", que ha tenido un "despertar tardío".
De la "pasividad total" a los "apresuramientos"
Además, subraya que la "pasividad total" y el "mutismo procesal" que ha tenido durante toda la instrucción, desde que el caso estalló en 2009, "desentona" ahora con "los apresuramientos en la constitución de la asociación". De hecho, la Fiscalía considera que solo "fruto de las prisas" pueden explicarse los "graves defectos formales en la constitución de la asociación" y los "numerosos requerimientos de subsanación" que ha tenido que hacer la jueza instructora a esta asociación, "en cuestiones tan básicas como escritos sin firma de letrado".
La primera vez que esta asociación pidió personarse no aportó "ningún documento", según subrayó la juez, y solo presentó un escrito en el que dedicaba "cinco líneas" a fundamentar los motivos que le llevaban a querer ejercer la acusación popular. Ese mismo día, el pasado 16 de julio, Silvia Muñoz dictó una providencia requiriendo "documentos que acreditaran interés legítimo, identidad de la asociación, postulación procesal y pretensión acusatoria ejercitada". En ese momento ya se habían presentado los escritos de acusación en esta pieza, tanto de la Fiscalía como de la acusación popular que ya estaba personada, por lo que tres días más tarde, la juez dictó el auto de apertura de juicio oral.
Casi dos meses después, el 7 de septiembre, la asociación de juristas envió otro escrito al Juzgado, insistiendo en su solicitud de personarse. En ese segundo escrito, el nombre de la asociación había variado (ya no era Asociación de Juristas "por la Defensa de la Legalidad y la Justicia", sino "por la defensa de la Legalidad y Garantías del Proceso"), y también el abogado que iba a representarla. El primero era Roberto Orive y el segundo, Juan Alberto Rubio. Además, seguía sin estar inscrita oficialmente, aunque iniciaron el trámite para ello después de su primer intento de personación.
En su página de Facebook, creada también recientemente, la propia asociación confirma que no fue hasta el pasado 3 de noviembre, hace poco más de dos semanas, cuando el Gobierno de Canarias les notificó que ya estaba registrada. En ese Registro de Asociaciones de Canarias, figura con dirección en Las Palmas de Gran Canaria y define sus actividades como "ideológicas".
Posibles "incompatibilidades o conflictos de intereses"
En su auto rechazando ese segundo intento de personación, la juez subrayaba además otros defectos y faltas de "rigor" en la documentación presentada y concluía que no podían seguir manteniendo "subsanaciones cíclicas que únicamente provocarían dilaciones evitables". Además, insistía en que seguía sin conocerse la identidad de las personas que forman parte de la asociación y destacaba que esto es necesario para "poder descartar incompatibilidades o conflictos de intereses", que podrían darse, máxime cuando "la asociación está compuesta por letrados".
Además de los dos abogados que han intentado personarse en esta pieza, en nombre de la asociación de juristas ha intervenido otro, Juan David García Pazos, que también llevó a personarse a una asociación ecologista de Fuerteventura en el caso Stratvs cuando había concluido la instrucción. En ese caso, la propia asociación decidió finalmente retirarse del procedimiento y afirmó sentirse "engañada y utilizada" por este letrado, ya que cree que lo único que hizo fue "aportar ruido" y entorpecer la causa.
Se da la circunstancia de que este mismo abogado representó a uno de los principales acusados del caso Unión, Luis Lleó, al menos en una vista en la que se resolvió uno de sus recursos dentro de esa causa. Además, entre otras cosas, García Pazos es el abogado que defiende a Francisco Chavanel en la demanda que presentó el fiscal Ignacio Stampa contra este periodista por vulneración del derecho al honor. Stampa interpuso esta demanda por los "insultos" y "descalificaciones" que viene sufriendo por parte de Chavanel, precisamente por su participación como fiscal en el caso Stratvs y también en el caso Unión.
"Rayando la falta de respeto"
Inicialmente, la asociación de juristas alegaba que le movía la "defensa del interés público y la legalidad" ("sin mayor concreción", subraya la juez Silvia Muñoz en su auto). Después, hablaba de la "defensa de la limpieza de los procesos judiciales y el cumplimiento de las garantías procesales", algo que la magistrada considera "extravagante" y "rayando la falta de respeto a los intervinientes del procedimiento". Por último, la asociación defendía su "afán de actuar en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la ley, alterado presuntamente por los hechos de esta causa". Al respecto, la juez subraya que la asociación "no concreta en qué se manifiesta tal alteración o falta de trato igualitario".
Por su parte, el Ministerio Fiscal destaca que "entre sus fines confesados, la asociación proyecta sin disimulo la desconfianza hacia la actuación del Ministerio Fiscal". Al respecto, sostiene que "nada de alarmante encierra dicha afirmación", pero agrega que "la desconfianza no es solo tributaria del Ministerio Fiscal, también se proyecta frente a quien desconfía".
Sobre este tema, el fiscal vuelve a citar a otro jurista, Niceto Alcalá-Zamora, que en su día advirtió de que la acción popular puede ser "injusta y peligrosa", entre otras cosas porque "se presta a que sea el arma de las pasiones excitadas, la representación de los más audaces y no, como su nombre parece indicar, la de los más numerosos: hasta puede ser y el caso se ha presentado, desgraciadamente, la confabulación de abogados sin escrúpulos".