El ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, los ex directores de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural Pedro Pacheco y Pedro Gómez y los promotores de la urbanización La Bufona Federico Echevarría y Antonio Caro deberán comparecer ante el Juzgado como investigados (término con el que se hace referencia a los antiguos imputados). Será ante el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que instruye la causa por una denuncia presentada en 2012 por Eduardo Murillo.
La familia Murillo consideraba que la Agencia no había cumplido con sus obligaciones, por lo que decidió presentar una denuncia en 2012, de la que ha derivado esta causa en la que ahora se investiga a estas cinco personas. Concretamente, denunciaba que, aunque ordenó suspender las obras en La Bufona el año 2000, tras denunciarse ante el Seprona en noviembre de 1999 que Echevarría y Caro estaban construyendo "en suelo rústico de protección ecológica", la Apmun no hizo cumplir esa orden. A ello añade que después, cuando esas 14 viviendas tuvieron orden de demolición parcial, la Agencia tampoco "llevó a término los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida". La familia Murillo defiende, además, que la "inactividad dolosa" de la agencia "permitió que las presuntas infracciones de los promotores prescribieran".
En cuanto a los promotores de la urbanización, Federico Echevarría como promotor y Antonio Caro como constructor, el denunciante señala que estaban "obligados" a hacer una serie de cesiones al Ayuntamiento, para que una parte del espacio pasase a considerarse "bienes patrimoniales de la Administración" y que el Ayuntamiento los destinara a aspectos como la construcción de parques, aceras, viales y otras dotaciones de carácter público. Sin embargo, sostiene el denunciante, ni esa cesión se produjo ni el Ayuntamiento la exigió. Y por ese motivo, solicitó esa investigación a Felipe Fernández Camero, que era el secretario del Ayuntamiento de Arrecife, y a los promotores Echevarría y Caro que ahora ha admitido el Juzgado.
En este sentido, apunta que se produjo una "sustracción de bienes públicos demaniales y patrimoniales" de la que serían responsables Caro y Echevarría. Señala, también, que como responsable del Ayuntamiento, "indiciariamente" fue Camero quien lo "permitió". Así, recalca que el ex secretario "informó favorablemente de las licencias de obra y de primera ocupación de las viviendas del ámbito en contra de la normativa urbanística vigente, sin exigir previamente la efectiva realización de las citadas cesiones".
El Ayuntamiento "quiere dar cobertura legal" a "graves irregularidades" en el Plan General
En el escrito en que expone al Juzgado por qué considera que ha de investigarse a estas cinco personas, el letrado de Murillo afirma que la Apmun, "justificándose con peregrinas excusas", además de "dejar caducar los procedimientos administrativos" para la "demolición de las obras ilegales", "consintió" que "se adelante la redacción y aprobación del Plan General de Ordenación de Arrecife". En este sentido, sostiene que con esa figura del planeamiento el Ayuntamiento de Arrecife "quiere dar cobertura legal a todas las graves irregularidades cometidas en aquel ámbito".
"Podemos concluir, a modo de resumen, y si se analiza en conjunto todo lo acontecido alrededor de este Plan Parcial, que presumiblemente todo el cúmulo de desaciertos de la Apmun tienen un objetivo o fin predeterminado que consiste en que las obras ilegales se consoliden, haciendo inviable el ejercicio de las potestades sancionadoras y de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, lo que impediría que se demuelan las construcciones y edificaciones ejecutadas en un suelo rústico al que la normativa ambiental, de ordenación del territorio y urbanística le otorga la máxima protección, por existir en el ámbito una unidad ambiental de gran valor natural y paisajístico, y que con el tiempo queden amparadas por el Plan General de Ordenación de Arrecife", concluye ese escrito.
La familia Murillo y la Fiscalía piden que se les condene también por un delito de "desobediencia"
Echevarría y Caro ya fueron condenados, el pasado enero, por la construcción de esas viviendas. Fue en una sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, que los consideró culpables de un delito continuado contra la ordenación del territorio, condenándolos a 6 meses de prisión menos un día y a pagar una multa de 3.600 euros cada uno. El fallo ordenaba también la demolición parcial de las 14 viviendas, puesto que consideraba probado que se edificaron en parte sobre suelo rústico de valor natural ecológico.
En ese procedimiento, la familia Murillo (que denunció el caso hace casi 20 años por creer que las viviendas, además de ocupar suelo público protegido, invadieron también terrenos de su propiedad) pedía que los promotores fueran también condenados por un delito de desobediencia, que habrían cometido al no cumplir con esa orden de parar los trabajos de la Apmun. También la Fiscalía formuló acusación en este sentido durante el juicio, pero el fallo consideró que no había quedado probado.
La familia Murillo recurrió esa sentencia y, en un escrito fechado el pasado 25 de mayo, la Fiscalía ha apoyado sus pretensiones acerca de ese supuesto delito de desobediencia que habrían cometido Caro y Echevarría. Así, la Fiscalía solicita la estimación parcial del recurso de la familia Murillo en ese sentido. En ese mismo escrito, el fiscal pide que se desestimen los recursos presentados por los promotores. Tanto Caro como Echevarría han recurrido la sentencia alegando "prescripción" de los delitos.