Dentro de la "profunda satisfacción" que se ha mostrado desde la Presidencia del Cabildo, los responsables políticos insulares coinciden unánimemente en que [ la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias->6954] abre una puerta nueva para que todos los cabildos hagan sus reclamaciones. Por otro lado, aún queda saber cómo se resuelven las reclamaciones que el Cabildo ha presentado por los "desajustes" del criterio poblacional contra las liquidaciones de 1999, 2000 y 2002.
La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, ha recalcado que seguirán adelante para conseguir un dinero "que pertenece a todos los lanzaroteños". El Cabildo solicita una reunión con el ejecutivo regional para pedir explicaciones y que se produzca el pago de alrededor de 80 millones de euros lo antes posible. Rojas aseveró que "no vamos a pasar por alto ninguna de esas cantidades que exigiremos con la mayor contundencia".
Pero el vicepresidente, Manuel Fajardo, ahondó más en la cuestión ya que explicó que "esta sentencia tiene mucha trascendencia desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político", asegurando además que la responsabilidad de este hecho "atañe directamente al presidente de Canarias Adán Martín", que en 2001 ocupaba el cargo de consejero de Hacienda.
Fajardo manifestó su rechazo ante el intento de ocultar pruebas de contabilidad por parte del Gobierno, como señala la propia setencia del TSJC, e insistió que "estamos hablando de una quiebra del principio de lealtad entre instituciones". Además, el vicepresidente calificó la gestión del Gobierno al respecto de "anómala" e indicó que los representantes del ejecutivo autonómico deben sentarse con los cabildos lo antes posible para devolver ese dinero.
Por su parte Mario Pérez, vicepresidente segundo del Cabildo y compañero de partido de Adán Martín, se remitió a las declaraciones oficiales de la Corporación, ya que "desde el principio apoyamos ese recurso contencioso administrativo y la tónica sigue siendo la misma".
Desde este lunes, en el que se hizo pública la sentencia, los técnicos de la Oficina de Gestión Presupuestaria están analizando en profundidad el contenido del texto para determinar las cantidades exactas de las que el Gobierno Autonómico ha privado al Cabildo, y que ahora tendrá que pagar.