El Grupo Socialista en el pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno que informe de la afección al litoral canario de la modificación de la Ley de Costas, que han calificado de "vergonzante y opaca". Así lo ha señalado el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Fajardo Palarea, que critica que durante su tramitación, "se impidió y coartó la participación ciudadana en su proceso de elaboración, al igual que no se consensuó con algunas comunidades autónomas".
El lanzaroteño Fajardo Palarea ha hecho especial referencia a los núcleos afectados en esta isla, con los que entiende que el PP incurrió en "fraude electoral", al realizar promesas durante la campaña que luego no se han cumplido.
Según Fajardo Palarea, "en Lanzarote los núcleos de El Golfo y Playa Quemada son los que se han visto afectados más directamente por la arbitraria reforma de la Ley, al repercutir sobre actividades económicas y familias". Mientras tanto, critica que en otras zonas "se ofrecen los espacios públicos del litoral a la especulación más insensible, al desregularnormas conservacionistas y ceder ante la presión de los constructores y promotores inmobiliarios".
Promesas electorales "incumplidas"
El PSOE recuerda "las promesas electorales del PP a los vecinos y vecinas de esos núcleos pesqueros y turísticos, de solventar su situación y regularizar las ampliaciones de edificios y la instalación de locales viviendas y restaurantes en la zona de servidumbre de protección".
Sin embargo, la realidad muestra, a juicio de Manuel Fajardo, que "en Lanzarote, el fraude electoral y la falsedad del PP en El Golfo y Playa Quemada para captar votos ha sido y es incontestable"
El diputado socialista sostiene que la modificación supone "una privatización simulada y en diferido del dominio público marítimo terrestre, constituyendo un descomunal despropósito ambiental". Además, afirma que la ley es "un ejercicio de arbitrariedad, que no de discrecionalidad, puesto que establece situaciones especiales para la isla de Formentera y otros doce núcleos costeros en la península, olvidándose por completo de Canarias y constituyendo, al contrario de lo que pregona, un monumento a la inseguridad jurídica y un flagrante incumplimiento de diversas directivas de la Unión Europea".