La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, en la que se afirma que el Gobierno de España "ha incumplido el Derecho Comunitario", al no aplicar la Directiva que intensifica los requisitos para realizar prospecciones petrolíferas. Según establece la propia Directiva, los estados miembros de la UE tenían hasta el pasado 19 de julio para aplicar esta regulación. El colectivo considera, por el contrario, que España dejó "un marco legal favorable" a los intereses de las petroleras.
El Guincho se refiere concretamente a la Directiva 2013/30/UE, que "multiplica los requisitos a empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, con el objetivo de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias", explican. "Esta Directiva Europea también permite el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente a los intereses petroleros", recalcan.
El Guincho señala que la elaboración de este documento se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, y ante las demandas de colectivos sociales e instituciones "alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso alertaron sobre la lentitud con la que Europa actuaba".
"Servilismo hacia los intereses petroleros"
"En su momento, desde los movimientos sociales advertimos de que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias antes de que entrara en vigor esta Directiva europea", denuncia el colectivo ecologista.
El Guincho asegura que de este modo la operadora "se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes". "Todo a favor de las cuentas de la multinacional petrolera", subrayan.
"Ahora vemos cómo el servilismo del Gobierno de España hacia los intereses petroleros va incluso más allá: incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público".
Límite el pasado 19 de julio
El Guincho recuerda que, en su artículo 41, la Directiva 2013/30/UE señala que "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 19 de julio de 2015".
"Ante ello, lo único que ha hecho el Gobierno de España ha sido comunicar a la Comisión Europea que ha adaptado su Derecho interno a la Directiva 2013/30/UE a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio", inciden. El Guincho señala que, sin embargo, esa ley "tan sólo pretende adaptar el Derecho español en un aspecto concreto: el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas". "Todo lo demás no existe para el Gobierno de España. Todo lo demás no le interesa el al Gobierno de España ni a las petroleras", denuncian.
Por ello, El Guincho-Ecologistas en Acción consideran que, con esta medida, el Gobierno español está "incumpliendo" el artículo 41 de la Directiva desde el día 19 de julio de 2015, "al haber adoptado únicamente disposiciones concretas relativas a un artículo (el 38) de dicha Directiva y no respecto del resto de las obligaciones establecidas en ella".
Claves de la Directiva que España "no aplica"
Desde el colectivo ecologista destacan algunos de los aspectos de esta Directiva que España "no aplica". Relatan, por ejemplo, que en su preámbulo la norma europea recoge que "a reducción de los riesgos de accidentes graves relacionados con la extracción del petróleo o del gas a la que contribuye la nueva Directiva, debe contribuir a garantizar la protección del medio ambiente marino y, en particular, la consecución y el mantenimiento de un buen estado ecológico a más tardar en 2020".
La Directiva requiere también la "conciliación de las preocupaciones propias de cada sector económico con el objetivo general de garantizar una concienciación global en torno a los océanos, los mares y las zonas costeras, con el fin de instaurar un enfoque coherente de los mares que tenga en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales a través de instrumentos tales como la ordenación del espacio marítimo y el conocimiento del medio marino".
Además, la normativa establece que las operaciones de petróleo y gas mar adentro deben ser objeto de "una vigilancia normativa constante por parte de los estados" para garantizar la presencia de "controles efectivos" que prevengan accidentes y limiten sus efectos sobre la población y el medio. La Directiva establece también que se dé al público "la posibilidad de participar en la toma de decisiones relativas a las operaciones que puedan surtir efectos significativos sobre el medio ambiente". Entre otras cosas, la norma estipula también que se debe garantizar la "independencia y la objetividad de la autoridad competente" en materia de prospecciones.