El todavía presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Echedey Eugenio, ha advertido a la nueva alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, con pedir la ejecución forzosa de la sentencia que condenó al Ayuntamiento a abonar más de 800.000 euros a Inalsa por facturas impagadas entre 2006 y 2013. Así lo señala Eugenio en un comunicado, en el que hace pública una nueva diligencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas en la que da 10 días al Consistorio para proceder al pago de forma voluntaria.
"Espero que la nueva alcaldesa cumpla con una demanda que su partido respaldó en el pasado y espero que Inalsa no tenga que proceder a la ejecución forzosa, que la misma diligencia del Juzgado Número 4 estima se puede interponer en diez días", señala en esa nota de prensa, que llega pocos días antes de que Echedey Eugenio tenga que dejar ese cargo, cuando se constituya la nueva Corporación insular de la que no formará parte.
En cuanto al pago, cabe recordar que el Ayuntamiento de Arrecife nunca ha negado la existencia de esa deuda, que se remonta a la etapa de la Alcaldía de María Isabel Déniz y a los dos mandatos posteriores, al igual que tampoco lo han hecho otros Consistorios que dejaron de pagar el agua en ese mismo periodo. En el caso de Teguise, el Consorcio también recurrió a los Tribunales para reclamar la deuda, aunque hasta el momento no se conoce el resultado de ese pleito.
En cuanto a Arrecife, la ejecución de la sentencia, contra la que el Ayuntamiento no ha presentado recurso, podría pasar por acordar un plan de pago fraccionado, aunque Eugenio no hace referencia a ello en su comunicado y advierte incluso con solicitar la ejecución forzosa a un Ayuntamiento del que ahora es concejal en la oposición.
Impagos del propio Cabildo
Cabe recordar que, en el periodo al que corresponden las facturas que adeuda Arrecife, no solo casi todos los municipios dejaron de pagar sus facturas a Inalsa, sino que también lo hizo el propio Cabildo, que hasta el pasado año debía casi 400.000 euros.
En ese momento, la Corporación insular y algunos ayuntamientos se comprometieron a iniciar un pago fraccionado. Sin embargo, los dos que mantenían la mayor deuda, que eran Arrecife y especialmente Teguise, fueron demandados en los tribunales.