El ex consejero del Cabildo y ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, remitió un escrito este miércoles a la dirección federal del partido pidiendo su suspensión como militante tras el último auto dictado por el juez Rafael Lis, que da por cerrada la instrucción de una causa contra él e inicia el trámite para llevarle a juicio junto a otras cuatro personas, por la concesión de la calificación territorial a una gasolinera en el año 2008.
"Tengo la plena confianza de que este auto será anulado en unos pocos días. Sin embargo, soy consciente de que nuestras normas establecen que no se puede militar en el partido en las circunstancias personales en que me encuentro por lo que solicito, muy a mi pesar, ser suspendido de militancia", señala Espino en esa carta dirigida al Departamento Federal de Afiliación y Censos del PSOE, en la que explica que actualmente no ostenta "cargo alguno, ni público, ni orgánico", por lo que su solicitud "no generará ningún otro problema adicional".
Además, insiste en que confía en "poder solicitar más pronto que tarde que se reactive" su "condición de militante", anunciando así su intención de recurrir este auto del juez Lis, que le fue notificado este mismo miércoles, horas antes de que remitiera este escrito al partido pidiendo su suspensión de militancia.
Una asociación "creada para entorpecer procedimientos" que él denunció
En su carta, Espino explica que el auto ordenando iniciar el Procedimiento Abreviado en su contra "deriva de unas diligencias previas seguidas a instancias de la conocida como Asociación de Juristas Jiménez de Asúa", de la que afirma que "ha sido creada para entorpecer diferentes procedimientos judiciales derivados de determinadas denuncias" interpuestas por él hace años. Al respecto, añade que "esta opinión personal" sobre la asociación que le denunció "se ve respaldada por las resoluciones de diferentes tribunales que han expulsado a la citada asociación de muchos de esos procedimientos, aplicándoles calificativos muy duros", como el que empleó la Fiscalía al compararla con un "caballo de Troya con intereses bastardos".
Sin embargo, el ex consejero lamenta que esta asociación haya "encontrado un especial acogimiento por parte del juez que lleva este procedimiento" y que ha decidido iniciar el trámite para llevarle a juicio en contra del criterio del Ministerio Fiscal, que en enero pidió que la causa fuera archivada por no ver indicios de delito. "A pesar de mi enorme respeto por nuestro sistema judicial, no puedo dejar de mostrar mi asombro por la resolución ahora dictada, dado que entra en frontal contradicción con la posición de la Fiscalía, que solicita el sobreseimiento", subraya Espino.
Además, añade que "las circunstancias en las que se ha dictado" ese auto "provocan cuando menos desconfianza", ya que "la resolución lleva fecha del pasado domingo, 29 de abril, algo que no resulta casual, pues el juez que la firma ha de abandonar con fecha 2 de mayo su juzgado, tras ser sancionado con seis meses" de suspensión de empleo y sueldo, "precisamente por actuaciones relacionadas con la ya mencionada Asociación, en beneficio de algunas de las personas" a las que él mismo denunció.