Lejos de mejorar, la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias sigue empeorando, con un nuevo aumento en el tiempo de resolución de los expedientes. El archipiélago tiene el índice más alto de España, con una espera que alcanza ya los 1.080 días, duplicando los datos de la siguiente comunidad, que es Andalucía, con una espera media de 544 días.
Además, Canarias es una de las cinco comunidades españolas donde ha aumentado esa cifra, junto con la ciudad autónoma de Melilla. Y de nuevo, Canarias también encabeza ese ránking, con un aumento de 99 días. Le siguen Castilla y León (76), Baleares (47), Cantabria (45), Madrid (31) y Melilla (27 días).
Los datos, que corresponden al pasado 30 de junio, han sido recabados por el Imserso, a través de un grupo de expertos que ha evaluado el sistema de atención a la dependencia, por encargo del Ministerio de Derechos Sociales. El problema, dice el informe, "se traduce en un acceso lento a los servicios necesarios, y también en la situación conocida popularmente como el 'limbo de la dependencia', que incluye una diversidad de situaciones en las que hay personas con reconocimiento de dependencia, pero sin acceso a prestaciones o servicios".
Después de Canarias y Andalucía, los plazos son más largos en Murcia (478 días) y Extremadura (389), las cuatro por encima de la media (385), y también en Galicia (365), Cataluña (324) y la Comunidad Valenciana (316).
Las comunidades con los tiempos más largos tienen su principal retraso en la fase de valoración, aunque los plazos de personalización también son excesivos, con la excepción de Cataluña, que tiene plazos más largos para la personalización que para la valoración.
Señala también el informe que dos de esas comunidades, precisamente las que tienen plazos más largos (Canarias y Andalucía) tienen además un número significativo de personas con Programa Individual de Atención (PIA) "no efectivo”.
Los expertos apuntan como principales causas de los retrasos a la insuficiencia de medios humanos, en especial personal técnico valorador, y las rigideces derivadas de un procedimiento administrativo prolijo, poco eficiente y con fuerte tendencia a atascarse en cuanto falla algún elemento, que se convierte en un problema serio en el momento en el que aparecen errores o insuficiencias en la documentación.
También, a las dificultades para asegurar una visita de valoración en situaciones de cambio de residencia, de hospitalización u otras ausencias; a la falta o insuficiente informatización del proceso; a los problemas de acceso e intercambio de información entre administraciones; y a la falta de disponibilidad de los servicios necesarios.