A.A.
- ¿Qué tal le fue el encuentro que celebró el otro día con los parlamentarios de la Isla?
- Pues muy bien; además, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los parlamentarios que fueran todos y que aceptaran la invitación que les cursó no el Colegio de Abogados sino la Mesa de Seguimiento de la Justicia, porque a parte del Colegio de Abogados había representantes de la Fiscalía de Arrecife.
- ¿Todo el mundo estaba de acuerdo con el informe que han elaborado sobre lo ocurrido en la justicia el pasado año?
- Todo el mundo estaba de acuerdo porque el informe se consensuó en la Mesa de Seguimiento cuando se constituyó allá por el mes de abril. Quedó consensuado que las prioridades eran comunes, que los objetivos eran comunes.
- Teniendo en cuenta ese informe, ¿cuáles son las principales carencias de las que tiene la justicia y que más o menos todos conocemos que más sorprendió a nuestros parlamentarios?
- Creo que los parlamentarios conocen el tema, pero en Lanzarote ha habido una dejación total y absoluta con la justicia, y no me refiero ahora a los parlamentarios sobre todo porque no se trata de imputar culpas. Ha habido un abandono secular y crónico desde hace dieciocho años, y por tanto, cualquier cosa que podamos decir no coge a nadie por sorpresa. Todos conocían la situación, pero al plasmarlo con datos objetivos impacta más, como saber por ejemplo que un juzgado de lo Penal de Arrecife soporta cuatro veces la carga de trabajo de un juzgado de lo Penal de Las Palmas, lo que nos parece realmente escandaloso.
- ¿Qué va a suponer para ustedes la terminación de las obras del anhelado Palacio de Justicia de Lanzarote, va a significar únicamente más espacio o realmente les va a solventar las carencias que están denunciando constantemente?
- El Palacio de Justicia de Lanzarote va a suponer más espacio, mayor comodidad, mejores instalaciones y poco más. Me he cansado de repetir que su apertura no va a solucionar los muchos problemas que tenemos en la actualidad.
- El problema de la justicia también se ha cernido en la forma en la que se han echado tradicionalmente la culpa unas administraciones a otras, lavándose las manos y diciendo Madrid que es Canarias y Canarias que es Madrid. ¿Les ha mareado este asunto?
- Las competencias en materia de Justicia están perfectamente definidas. Al Gobierno central le corresponde la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la dotación de nuevos fiscales y al Gobierno de Canarias le corresponde la dotación tanto de medios materiales como de medios humanos. Son competencias insisto en que están perfectamente definidas.
- Entonces podemos decir que los pecados se los reparten a medias, porque falta de todo, tanto en infraestructuras como en dotación personal y económica, ¿no?
- Efectivamente, tanto la Administración central como la autonómica son las culpables de los pecados de la justicia, y entre las dos la están matando. También le quiero decir que esta semana, que va a ser muy importante, nos reuniremos con el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias (José Miguel Ruano) y con el secretario de Estado de Justicia (Luis López Guerra), con el que compartiremos cena y con el que tendré la oportunidad a buen seguro de exponer la situación. También estará aquí este viernes (mañana) el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al que espero tener la oportunidad de exponerle con detalle la situación que me consta que conoce perfectamente.
- Con la justicia pasa un poco como con otros aspectos de la sociedad como son la sanidad o la educación, que ha habido una ceguera tremenda al no darse cuenta del tremendo crecimiento poblacional que ha experimentado esta isla y que ha experimentado Fuerteventura, que judicialmente también sigue dependiendo de nosotros en muchos aspectos.
- Desde luego, el crecimiento poblacional que ha traído mayor grado de conflictividad social y de litigios que antes no conocíamos no ha venido acompañado de las dotaciones adecuadas. No se han creado los órganos correspondientes, no se han ampliado las plantillas y no se han resuelto los problemas graves de infraestructuras que padecemos.
- ¿Qué ocurrió finalmente con el tema de las peritaciones que se hacían casi con mando a distancia desde Las Palmas?
- En ese asunto me gustaría aclarar que por fortuna ya se ha resuelto, y hay que agradecer a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia la pronta respuesta que se dio a este problema. Desde hace varias semanas el departamento de peritaciones tiene una oficina abierta en Lanzarote con dos peritos. Gracias a las gestiones del equipo de la directora general se ha solucionado al margen del problema de las peritaciones el problema de volumen de trabajo que soporta el Juzgado de Paz de Yaiza, porque ya se ha nombrado a un funcionario que está sacando adelante el tema. Creo que hoy podemos ser más optimistas que en la última entrevista que mantuve con ustedes, pero claro, sin bajar la guardia. Además, ayer (el martes) nos llegó la noticia sin confirmar, porque no pude contactar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, porque estaba reunido, de que se van a poner en funcionamiento dos órganos jurisdiccionales importantes, un penal y un mixto.
- ¿Y qué ocurre con el Contencioso Administrativo?
- Ese es el problema, que no nos conformamos y queremos un contencioso y un social. En el informe hemos detallado un listado de mínimos que hay que cumplir. Tenemos claro que con Lanzarote hay una deuda histórica desde hace más de quince años, y ha llegado el momento de que se salde. Desde la clase política se puede pensar que crear cuatro juzgados de golpe es mucho, pero es que es algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. En cualquier caso, que sea bienvenida la noticia si finalmente se confirma.
- Leyendo su informe, nos damos cuenta también de que seguimos arrastrando el terrible problema de los forenses, algo que parece tercermundista.
- Ese es un problema que creo que va a ser bastante complicado resolver. El Colegio de Abogados ha hecho gestiones para encontrar algún forense que venga a Lanzarote y nos hemos llevado la monumental sorpresa de que no hay forenses en toda España. Los sustitutos y los titulares tienen que reunir el requisito de ser ciudadanos españoles, y hay personas que estarían dispuestos a ejercer la función de forense pero no son nacionales o españoles. Al día de hoy, no reúnen los requisitos exigidos por la ley.
- ¿Tampoco existen en estos momentos jueces de apoyo suficientes?
- Lo que hay ahora mismo son jueces de apoyo puntuales. Estamos solicitando jueces de apoyo de instrucción cuando estén de guardia y estamos solicitando además un juez de apoyo para el Juzgado Número 6, que como saben ha asumido, al margen de sus propias competencias, las derivadas de la violencia de género. Es un Juzgado que ha asumido nuevas funciones con el mismo funcionariado y evidentemente necesita de un juez de apoyo. Me decía la magistrada del Número 6 que las cifras son escandalosas. La reforma penal de la Ley Contra la Violencia de Género entró en vigor el pasado día 26 y en el Juzgado Número 6 de Arrecife recibieron 127 denuncias por malos tratos, asistieron a 76 detenidos y se dictaron 51 órdenes de protección. Imagínese eso, más los asuntos civiles, más las labores ordinarias, es imposible de asumir.
- También hemos leído en su informe algo sorprendente, que el Juzgado de lo Social carece de un perito intérprete, lo que, teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros que viven legal e ilegalmente aquí parece una temeridad, ¿no?
- Sí, esa es una cuestión que hemos planteado a los representantes de la Comunidad Autónoma, y se ha entendido perfectamente; parece que había un problema de interpretación jurídica y espero que en la reunión que mantendremos el jueves (hoy) todo quede solucionado.
- Por otro lado, aseguran en su análisis de la situación de la justicia en la Isla que la plantilla del Registro Civil trabaja de forma precaria también por la falta de personal, lo que provoca que en lo referente al tema de la tramitación de nacionalidad se den citas a un año vista.
- Sí, un año vista para que lleven los papeles; luego ese expediente de nacionalidad se manda a Madrid y en Madrid se tardan otros dos o tres años.
- Resulta sorprendente, desde luego. ¿Siguen teniendo quejas también en todo lo que se refiere a dotación de intendencia, al tema por ejemplo del material informático?
- Sí, lo del material informático sigue siendo de pena. Es cierto que con el nuevo Palacio de Justicia nos han prometido que todo el equipamiento será nuevo, y esperamos de verdad que la cosa mejore en este sentido.
- En su informe se involucran también en un tema importante como es el de la inmigración, hablando de la Sala de Rechazados del aeropuerto. ¿Por qué?
- Porque cualquiera puede ir al aeropuerto, que es la puerta de entrada a la Isla, y puede comprobar en el estado en el que se encuentra esa Sala. Esto forma parte de una vieja reivindicación, porque me consta que don Marcial Martín, el director insular de la Administración General del Estado, está muy preocupado por este tema. No es normal que cuando vienen los turistas europeos lo primero que se encuentren en el aeropuerto es una Sala de Rechazados con inmigrantes en muy malas condiciones. Imagínese la imagen que damos al exterior.
- ¿Qué ocurre con la Fiscalía de Arrecife, está bien dotada o también está llena de carencias?
- La Fiscalía también está muy mal dotada. Actualmente el número de fiscales es de cinco, y entendemos que debería haber al menos uno por cada juzgado, que es lo que se ha pedido. Se ha aprobado que en el mes de diciembre se incorpore un nuevo fiscal, que estuvimos además a punto de perderlo por una mala interpretación entre San Bartolomé de Lanzarote y San Bartolomé de Tirajana. Entendemos que son manifiestamente insuficientes. Como mínimo la plantilla tiene que llegar a cada juzgado, y entrará en funcionamiento el Juzgado Número 7. Sería preciso como mínimo tener siete fiscales, y ahora tenemos cinco.
- Pero claro, aquí habría que tener también en cuenta el volumen de trabajo que se tiene por ejemplo en el Juzgado de lo Social, donde evidentemente no basta sólo la presencia de un fiscal.
- Tiene un volumen terrible. La magistrada está trabajando a destajo y está muy preocupada. El día tiene veinticuatro horas y la jornada laboral como mucho son de doce. Aunque quiera no puede poner más juicios, y juicios como los de incapacidades como muy pronto se tienen que celebrar en diciembre, cuando resulta que la mayoría de la gente necesita el dinero. Pero no se puede hacer más. Son las consecuencias de un hurto que se nos hizo en su momento cuando se pidió el Juzgado de lo Social para Lanzarote y se lo dieron a Gáldar, que por cifras lo merecía mucho menos que nosotros.
- ¿A quién se puede echar la culpa de lo que sucede en la actualidad, a los políticos y a su falta de interés o a la propia Administración de Justicia?
- Cuando iniciamos la reunión con los parlamentarios ya dije que no es el momento de mirar atrás, porque creo que la culpa de la situación es de todos, de la clase política, de todos y cada uno de los gobiernos que han pasado en estos años, de la propia Administración de Justicia, pero no es el momento de imputar culpas a nadie. Eso sí, lo que está claro es que ha habido una dejación total y absoluta con la situación de Lanzarote, y ahora no tenemos otra que mirar al frente y de seguir adelante. Eso es lo que hemos pedido a los políticos, que no rentabilicen la situación y que trabajen de forma conjunta y aunando esfuerzos, y a eso se han comprometido.
- A parte de las mejores en infraestructuras y en dotación de material humano, parece que uno de los problemas de la justicia actual es la falta de cualificación. ¿Hasta qué punto les afecta?
- Aquí hay un problema añadido, que el 80 por ciento de los funcionarios son sustitutos, no son funcionarios de plantilla. Bien es cierto que están trabajando y bien, pero sin que se les dé formación. Muchas personas no han tenido contacto con la Administración de Justicia y les han sentado delante de un ordenador para que hagan providencias, autos y otras cosas así. Los secretarios no pueden dedicar todo el día a formar a los funcionarios, de ahí que se hayan pedido cursos. Curiosamente, se les ha dicho que no trasladen los funcionarios a Las Palmas para no dejar los juzgados vacíos, se ha pedido que se les forme en Lanzarote. Han cogido la idea y parece que en esa línea se va a trabajar.
- Nos cuentan que cuando se estropea un ordenador en un juzgado de Arrecife todo se convierte en una auténtica tragedia.
- Es una auténtica tragedia, algo que se produce por una disfunción de organización, porque dicen que el tema informático depende de la Consejería de Industria, con lo que se crea un galimatías que provoca que un ordenador pueda estar estropeado varias semanas.
- ¿Y qué hacen en ese momento?
- Utilizando el típico vuelva usted mañana, y mañana le dirán que vuelva pasado.
- ¿Tienen la sensación de que la gente les echa la culpa de lo que ocurre?
- No, en absoluto. Todos los operadores jurídicos están trabajando por encima de las exigencias debidas. Los jueces están sacando muchas más resoluciones de las que aconseja incluso el Consejo General del Poder Judicial, y a lo mejor ahí está el problema, porque mientras se resuelven los asuntos y no se atascan tanto no se mueven. Hasta ahora hemos ido parcheando y tapando agujeros y la nave se va a pique, y no se puede aguantar más.
- ¿La solución es difícil?
- No, es una solución que está bastante detallada y que se le ha hecho llegar a los que tienen que resolverlo.