El caso Stratvs se resolverá finalmente en dos juicios distintos. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a quien se le remitió la causa tras el aforamiento de una de las acusadas, Gladys Acuña, que tras las pasadas elecciones se convirtió en diputada regional. En un auto fechado este martes, la Sala de lo Penal del TSJC acuerda devolver el procedimiento al Juzgado instructor, para que separe la causa en dos piezas distintas. De este modo, el TSJC juzgará solo los hechos vinculados a la participación de Acuña.
En total, el TSJC acuerda hacerse cargo de la causa contra 9 de los 17 acusados en el caso Stratvs. Todos ellos intervinieron en la concesión de la licencia de actividad a la bodega, siendo alcaldesa Gladys Acuña, o en la posterior "pasividad" del Ayuntamiento, permitiendo que Stratvs siguiera funcionando pese a los informes que advertían de las graves irregularidades. El Tribunal entiende que ambos hechos, que son los que se le imputan a Acuña, pueden juzgarse por separado, por lo que solo asumirá la parte relativa a los políticos y técnicos que participaron en esos presuntos delitos.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se hará cargo también de enjuiciar al dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, aunque solo por uno de los delitos que se le imputan en esta causa, el de tráfico de influencias. Esto supone que Rosa se enfrentará a dos juicios distintos por el caso Stratvs. En la pieza que asumirá el TSJC, se juzgará solo sí influyó sobre los miembros de la junta de gobierno de Yaiza para que le concedieran esa licencia de actividad en diciembre del año 2008. En la otra, que quedará en manos de la Audiencia Provincial, el empresario responderá del resto de los delitos por los que se le acusa, que constituyen el grueso de la acusación contra él y el eje central de la causa. También afrontarán un doble juicio el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez.
Los 9 que irán al TSJC
Entre las 9 personas que ha decidido enjuiciar directamente el TSJC, además de Acuña y Rosa, se encuentran los concejales que participaron en la junta de gobierno de Yaiza cuando se concedió la licencia de actividad clasificada a Stratvs. Es decir, Leonardo Rodríguez, Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío. Los tres están acusados de un delito de prevaricación urbanística y, en el caso de Rodríguez, el TSJC habla también de un presunto delito de tráfico de influencias.
Así lo recoge en el auto, en el que la Sala recuerda que las conversaciones interceptadas en el caso Unión, que se incorporaron después al caso Stratvs, muestran cómo el ex edil de CC habló con Rosa sobre esa licencia justo antes de que fuera autorizada en la Junta de Gobierno, y también le llamó por teléfono el mismo día en que se celebró la reunión y se otorgó el permiso. Este presunto delito de tráfico de influencias hará que Juan Francisco Rosa se enfrente a dos juicios distintos. Este delito está castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, que se aplican en su mitad superior cuando se consigue el beneficio que se persigue al influir sobre un cargo público.
Además, el TSJC juzgará también al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, acusado de prevaricación y de prevaricación urbanística, entre otras cosas porque informó favorablemente a la concesión de esa licencia de actividad. Los mismos delitos se le imputan a otro técnico del Ayuntamiento, Andrés Morales, que informó de forma favorable en dos ocasiones dentro de ese mismo expediente, según la juez, "a pesar de ser plenamente conocedor de todos los impedimentos legales que concurrían para ello".
Doble juicio para Reyes y Tato Rodríguez
Dentro de la línea de asumir solo el enjuiciamiento de los hechos que tienen una conexión con la intervención de Acuña (que es a la que tiene que juzgar como aforada), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se hará cargo también de uno de los delitos por los que se acusa al ex alcalde, José Francisco Reyes, bajo cuyo mandato se inició ese expediente para conceder la licencia de actividad a Stratvs (y que concluyó ya el siguiente grupo de gobierno).
Reyes también está acusado en la causa por autorizar la licencia de obras a Stratvs, en 1999, así como una prórroga posterior, pese a que en ese momento, según la juez, podía "constatarse de manera objetiva, clara y flagrante que las obras se habían realizado sin respetar los términos (plazo, condiciones, ubicación…) de la licencia inicial" y pese a que "las dimensiones distaban mucho de lo autorizado" y ni las obras ni la ubicación se ajustaban al proyecto. Al igual que sucede con Rosa, Reyes se enfrentará así a dos juicios, ya que de esos hechos (por los que se le acusa de prevaricación urbanística) serán juzgados por la Audiencia Provincial.
Por último, el noveno acusado del que se hará cargo también el TSJC es el concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio (Tato) Rodríguez. El edil deberá responder de un presunto delito contra el medio ambiente, cometido por omisión, por el que también está acusada Gladys Acuña, al no adoptar medidas para el cierre de Stratvs, pese a tener "perfecto conocimiento de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales". En el caso de Rodríguez, también afrontará un doble juicio, ya que además está acusado de otro delito de prevaricación, por un decreto que firmó como alcalde accidental en 2005, relativo a la licencia de obras de Stratvs.
La Audiencia juzgará al resto
En cuanto al resto de los acusados en la causa, serán juzgados por la Audiencia Provincial, que es a quien le hubiera correspondido el procedimiento completo de no ser por el aforamiento de Gladys Acuña. Además de los tres que se enfrentarán a un doble juicio (Juan Francisco Rosa, José Francisco Reyes y José Antonio Rodríguez), en la pieza que juzgará la Audiencia estarán también el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Ármas Matallana; Armando Villavencio Delgado, Juan César Muñoz Sosa y Faustino García Márquez (que intervinieron desde el Gobierno de Canarias en la concesión de la licencia de obra a Stratvs); el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, el responsable municipal del Catastro, Blas Noda, y el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
Según el auto que acaba de dictar el TSJC, en esa pieza también se quedaría el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, ya que su nombre no aparece en la lista de acusados que asume este Tribunal en su resolución. Sin embargo, el delito del que se acusa a Spínola está directamente relacionado con los hechos por los que se juzgará a Acuña, que son los que asume el TSJC. Concretamente, desde el Cabildo, Spínola informó favorablemente a que el Ayuntamiento de Yaiza otorgara la licencia de actividad a Stratvs, "pese a tener conocimiento de que el uso de bodega no estaba permitido", según la instrucción.
El auto del TSJC, contra el que aún cabe recurso, ordena que sea la juez que instruyó el caso Stratvs, Silvia Muñoz, la que separe el procedimiento. Cabe recordar que la magistrada, que es también la responsable del caso Unión, ya había cerrado la instrucción de Stratvs y el pasado mes de julio dictó incluso el auto ordenando la apertura de juicio oral. Sin embargo, el aforamiento de Acuña supuso elevar la causa al TSJC (en lugar de a la Audiencia para que celebrara el juicio), y ahora este Tribunal ha ordenado separarla.