La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la declaración de Bien de Interés Cultural del inmueble denominado "El Mercadillo", ubicado en la calle Real, en Arrecife. En una sentencia, fechada el 27 de julio, el TSJC señala que el Gobierno de Canarias superó el plazo para resolver el expediente, por lo que el procedimiento ha caducado.
Según la sentencia, el Gobierno de Canarias tenía que haber elevado el expediente al Cabildo a los 16 meses y se demoró hasta los 23 meses. "Desde la denuncia de la mora, el Cabildo de Lanzarote dictó su resolución y elevó al Gobierno de Canarias el expediente. Sin embargo, desde que la Comunidad Autónoma lo recibe, hasta que dicta la resolución final transcurrieron más de dos meses, que tenía para resolver", indica la sala.
La incoación se produjo el 22 de julio de 2004 y la denuncia de María Dolores Panasco, una vecina, se realizó el 16 de diciembre de 2005. El Cabildo elevó a la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias el expediente para resolver, con fecha 13 de enero de 2006. El Gobierno disponía hasta el 13 de marzo para dictar resolución, pero el decreto fue impugnado el 13 de junio.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que el Decreto número 81/2006, de 13 de junio, por el que se declara BIC el inmueble de la calle León y Castillo número 12, denominado "El Mercadillo", se declara nulo.
Esta sentencia no es firme, sino que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que puede ser interpuesto tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo. Además, el texto no cuestiona en modo alguno el acierto de los informes y valores del BIC, según ha informado el Cabildo a través de un comunicado.
Así, tras hacerse pública esta sentencia, el Cabildo ha informado de que el personal técnico del área de Patrimonio Histórico estudia "la mejor opción" para garantizar la protección del edificio de El Mercadillo. Así, una de las posibilidades que baraja la primera institución lanzaroteña es la incoación de un nuevo expediente BIC, aunque, de prosperar la moción de censura que se debatirá el próximo 17 de octubre, esa decisión quedaría en manos del nuevo grupo de gobierno.