Alfonso Canales
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Socialista Canario (PSC) contra el decreto dictado por la consejera del Partido Popular (PP) María Dolores Luzardo el pasado 27 de junio de 2005 por el que se convocó pleno y se proclamó a la consejera del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Inés Rojas como presidenta.
De esta forma, cuando parecía que había llegado la estabilidad a la institución, se abre un nuevo proceso judicial que podría terminar incluso con la anulación de ese acuerdo plenario y con la convocatoria de una nueva sesión para elegir a otro mandatario, el octavo si se cuentan todas las presidencias accidentales que ha habido a lo largo de la legislatura.
El recurso presentado por los socialistas, según pudo saber ayer este diario, se fundamenta en la tesis que ya sostuvieron cuando su intención no era otra que la de llevar a su líder, Manuel Fajardo, a la Presidencia de la Corporación insular. Se trata sobre todo de demostrar que no es lógico que tras la dimisión de un presidente que accede al cargo tras una moción de censura se elija a un consejero que forma parte de la lista censurada.
En los agitados y turbulentos días, tal vez horas, que procedieron a la dimisión de Francisco Cabrera, se produjo un agrio enfrentamiento entre los que defendían la tesis contraria a los socialistas y los que pedían que el cabeza de lista del PSC pudiera tener derecho a acceder a un cargo del que finalmente se le privó por la teoría mantenida por el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y por la mitad de la Junta Electoral Central, en la que no hubo acuerdo total, ya que cuatro de sus cinco representantes se oponían al dictamen en el que finalmente se basó la decisión acordada.
Tal y como habían anunciado, los socialistas no se conformaron con esta decisión y presentaron un recurso contra el acuerdo plenario en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la cual ha decidido estudiarlo y atender la petición, por haberse podido producir una falta de protección especial de sus derechos fundamentales al considerar que al no convocarse pleno para elegir al sustituto del presidente dimitido se impidió que pudieran participar de forma justa y democrática en el proceso.
Lo más llamativo del asunto es que esta circunstancia ha provocado que el procedimiento se tramite con carácter urgente y procedente, hasta el punto de que incluso se contarán como hábiles todos los días del mes de agosto. Según fuentes jurídicas consultadas por esta redacción, es muy probable que la sentencia se dicte en un plazo no superior a tres meses, es decir, que esté a finales del mes de octubre. La Sala, además, ya se ha dirigido al Cabildo para demandarle toda la documentación relativa al farragoso caso.
Un asunto complejo
Al margen de la evidente polémica que puede suscitar el asunto, de la posible tirantez que se puede percibir a partir de ahora en un grupo de gobierno que de momento parece funcionar sin aparente problema y bajo el mando firme de Inés Rojas, existe un interés notable por parte del PSC de que se aclare lo que para ellos es un asunto al que se dio carpetazo sin los fundamentos necesarios para hacerlo.
La intención del partido que lidera el que querían que fuera presidente de la institución durante las negociaciones que sucedieron a la crisis abierta por el PP tras decidir de forma unilateral cesar a los consejeros de Coalición Canaria (CC) es que se determine en los tribunales de justicia cuál es el mecanismo que se debe aplicar para designar a un nuevo presidente cuando dimite el que fue elegido a través de una moción de censura.
Una vez más las instituciones lanzaroteñas ponen a prueba al Derecho Administrativo y a los encargados de aplicarlo.
A su defensa le parece un tanto rocambolesco que finalmente triunfara una tesis jurídica que hace aguas por todas partes, teniendo en cuenta que se podrían producir numerosos supuestos en el futuro que terminaran en la elección como presidente de alguien que había sido censurado con anterioridad. "No se puede elegir a quien rechazó o mocionó el pleno", fue el ejemplo esgrimido por la fuente consultada por LA VOZ.
Por tanto, los magistrados del TSJC tendrán la difícil tarea de elaborar una sentencia en la que se podría dar la razón a los socialistas, provocando un nuevo episodio para apuntar en la ya dilatada historia de la política lanzaroteña. Se podría dar el caso por tanto de que antes de que acabe el año se tenga que celebrar un pleno para elegir a un nuevo presidente, lo que sin duda y a partir de la jornada de hoy va a provocar todo tipo de movimientos dentro de una clase política, eso sí, acostumbrada ya a este tipo de sustos.