La sala de conflictos del Tribunal Supremo será la encargada de resolver el conflicto entre la empresa pública de aguas y la UTE Edam Janubio. Ahora, el expediente ha pasado a esta sala, integrada por 3 magistrados ? uno de los cuales es el presidente de dicho organismo ? y 3 miembros del Consejo de Estado, y en el plazo de unos meses determinará si el Tribunal número 13 encargado del proceso puede ejecutar o no laudo que obliga Inalsa a pagar 10 millones de euros a la empresa temporal integrada en su mayor parte por Fomento de Construcciones y Contratas.
El procedimiento estará suspendido hasta que se pronuncie dicha sala. Hasta el momento la ejecución del laudo estaba paralizada a la espera de que el Tribunal decidiera si inhibir o no el proceso. Finalmente el juez ha entiendido que debe ser su superior jerárquico el que decida esta controversia, dejando en suspenso, hasta entonces, la ejecución del laudo arbitral dictado por la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria.
Para el Consorcio Insular de Aguas, y como dictaminó el Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias, el contrato celebrado entre Inalsa y la UTE Edam Janubio es "nulo de pleno derecho" por contravenir tanto el derecho comunitario como el nacional. En este sentido, según el Cabildo, un contrato nulo nunca puede producir efectos y, por tanto, ser ejecutado.