El procedimiento penal abierto por la construcción de la bodega Stratvs, que suma ya al menos 18 imputados, ha dejado su primera consecuencia. El Ayuntamiento de Yaiza ha ordenado el cierre del restaurante de la bodega, confirmado así que funcionaba de forma ilegal.
La noticia se produce dos meses y medio después de la imputación de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, así como varios concejales y técnicos del Ayuntamiento sureño. Entre ellos, el ex aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco, y el que ha sido durante años secretario de la Corporación, Vicente Bartolomé Fuentes. Ambos han sido recientemente apartados de sus cargos, para cumplir una condena firme por un delito de prevaricación, y además tienen otra condena en primera instancia.
Durante el pasado mes de agosto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de "comunicar la suspensión de la actividad y el cierre" del restaurante de Stratvs, según ha señalado en Radio Lanzarote ? Onda Cero el teniente alcalde del municipio,Francisco Guzmán Rodríguez. "Le dimos el plazo pertinente de alegaciones y una vez cumplido, se celebró otra junta donde se acordó decretar el precinto de la actividad", ha explicado.
La orden, según ha confirmado a La Voz la alcaldesa, Gladys Acuña, se ejecutó "el jueves o viernes" de la pasada semana. "Ya está precintado", ha señalado Acuña. Durante su declaraciones en los Juzgados, la alcaldesa tuvo que responder por la licencia de actividad que otorgó a la bodega en 2008, pero también se le preguntó qué pensaba hacer a partir de ahora.
"Nosotros hemos ido a la parte administrativa, que es lo que nos compete, y ahí es donde hemos actuado, lo que entendíamos que tenía que ser una decisión nuestra", ha señalado Guzmán Rodríguez en referencia al procedimiento penal abierto.
Casi una veintena de imputados
El procedimiento penal por la construcción de la bodega Stratvs ha ido creciendo en los últimos meses, en los que se han realizado varias visitas con técnicos a las instalaciones. Por un lado, están imputadas las personas que intervinieron en la concesión de los permisos de obra y de actividad, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Canarias, ya que la Fiscalía y el Juzgado instructor entienden que no se ajustaron a la ley.
Por otra parte, también está imputado el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, y el arquitecto que la diseñó, Miguel Ángel Armas Matallana, ya que la investigación y los informes de los peritos señalan que, además, lo que se construyó nada tiene que ver con lo que se había autorizado. Entre otras cosas, los informes apuntan a que se solicitó permiso para rehabilitar una construcción antigua, y lo que se hizo presuntamente fue derribarla y construir una nueva.
Además, la superficie construidatambién superaría con creces lo autorizado, y espacios como el restaurante ni siquiera estaban, al parecer, en la solicitud de licencia que se presentó en su día. Ahora, es el propio Ayuntamiento el que reconoce la ilegalidad de este espacio, al decretar su cierre.