El grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha solicitado al presidente, Pedro San Ginés, que aparte de la institución al abogado Ignacio Calatayud, "quien en el último año ha percibido más de 300.000 euros por distintas tareas".
Los socialistas consideran que Calatayud, esposo de la abogada defensora del promotor Juan Francisco Rosa, Juana Fernández, y yerno del letrado imputado por el caso de los hoteles ilegales, Felipe Fernández Camero, debe separarse del Cabildo, atendiendo a los principios de "prudencia" y de "imparcialidad" esgrimidos recientemente por el propio San Ginés.
Según recuerda el escrito registrado por el PSOE, el pasado 15 de octubre, el presidente, sin informe jurídico alguno y bajo su personal y exclusivo criterio, decidió apartar a dos funcionarios de la Oficina del Plan Insular por motivos de "prudencia" y para no "comprometer la imparcialidad" de la Corporación.
Para los socialistas, "la relación personal y de amistad que une a San Ginés con Calatayud, -reconocida personalmente en una rueda de prensa por el presidente-, no sólo conculca estos principios sino que es motivo para cuestionar la contratación de servicios al abogado de manera directa por el responsable cabildicio". En la rueda de prensa a la que se refieren los socialistas, el presidente dejó clara su relación con Ignacio Calatayud: "Es verdad que afortunadamente es un buen amigo", afirmó públicamente.
Causa de abstención
En su escrito, los socialistas señalan que "dada su públicamente confesada relación de amistad personal con el contratado (Sr. Calatayud), el señor presidente ha vulnerado el artículo 28.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el que se establece que las autoridades en quienes concurran algunas de las causas de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento".
"La contratación de servicios legales por valor de más de 300.000 euros en un año nos parece un disparate. Que el beneficiario sea amigo personal del presidente y contratado directamente por él es ilegal. Pero lo más duro de todo es ver que San Ginés aparta de sus responsabilidades a técnicos experimentados, que han demostrado su valía en los últimos 20 años, para colocar a una persona vinculada personal y profesionalmente con los empresarios corruptos", señala Espino.
En opinión del consejero socialista, "no hay comportamiento más imprudente y más parcial que permitir que un abogado con tan obvia relación con los propietarios de hoteles ilegales, campe por sus respetos por el Cabildo, con acceso a expedientes, documentos e información en general".
"No olvidemos que ha sido la Institución quien, como garante de la legalidad territorial, ha puesto contra las cuerdas a los promotores corruptos y a sus asesores sin escrúpulos", añade Espino.