La Cámara Alta debatirá este jueves una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se pedirá la paralización del Real Decreto, por el que se autorizan las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias.
Los socialistas solicitan que el expediente sea parado hasta que no se apruebe el Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de las actividades de prospección y producción de petróleo y gas mar adentro, elcual se está tramitando actualmente.
Domingo Fuentes Curbelo, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, critica la forma en que el Gobierno ha tomado una decisión de esta naturaleza, "despreciando a las autoridades y ciudadanos canarios", y acusa al ministro Soria de "ocultar información". "Si no, cómo se explica su afirmación de que en Canarias hay petróleo, mucho y de muy buena calidad. ¿Cómo sabe el ministro de Industria lo que no sabemos los ciudadanos ni las autoridades canarias?", se pregunta..
Fuentes sugiere que lo que ha hecho el Gobierno es adelantarse al Reglamento que está tramitando la UE que endurece las medidas de seguridad para los sondeos en alta mar, a raíz del accidente reciente en el Golfo de México.
"Doble vara de medir"
En este sentido, denuncia el discurso contradictorio del Partido Popular, que "asegura a las autoridades del PP de Valencia y Baleares que no se harán sondeos en sus costas, y sin embargo, siguen adelante con las prospecciones en aguas canarias, que implican un mayor riesgo ya que se harían a mucha más profundidad (entre 1500 y 3000 metros)". Con este asunto, "el PP exhibe su doble vara de medir, según se trate de comunidades gobernadas por el PP y las gobernadas por otras fuerzas políticas".
Domingo Fuentes apunta que el Ministro Soria" desprecia la apuesta de las autoridades canarias por las energías renovables en Canarias, que tienen unas condiciones óptimas para el desarrollo de estas energías: viento, mar y sol".
El PSOE recuerda que mantiene la misma posición desde que en 2001 el Gobierno de José María Aznar concedió el permiso para las prospecciones de hidrocarburos que consistía en no otorgar los permisos hasta que no haya un amplio consenso social, político e institucional.