Los socialistas de Lanzarote han anunciado que iniciarán contactos con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para tratar la supresión de la Sección Bis de la Audiencia Provincial en esta isla y en Fuerteventura, con el objetivo de encontrar soluciones para un problema que, según han indicado, "afecta directamente a muchos ciudadanos de ambas islas orientales".
Según el PSOE lanzaroteño, "es imprescindible" aunar esfuerzos entre las diferentes administraciones implicadas y "huir de cualquier tentación demagógica" ante una cuestión que afecta fundamentalmente a los ciudadanos pendientes de procedimientos judiciales y al resto de operadores en este campo, como peritos o abogados. Por esta razón, proponen un gran acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial, que se fije como premisa el hecho diferencial canario y la situación de lejanía e insularidad de Lanzarote y Fuerteventura.
Para el PSOE conejero, los responsables de la administración de justicia deben tener en cuenta, en primer lugar, el hecho insular, y a continuación valorar otras cuestiones como el número de juicios celebrado por la Sección Bis de la Audiencia Provincial.
En cualquier caso, los socialistas han exigido a otras fuerzas políticas que "no aprovechen este problema para buscar un presunto rédito electoral" y ha solicitado al resto de formaciones que muestren "el mismo interés en asuntos que sí son de responsabilidad directa del Gobierno de Canarias", como la formación de los funcionarios judiciales o el estado de los inmuebles destinados a la justicia.
Otras manifestaciones
El pronunciamiento del PSOE sobre la supresión de la Sección Bis de la Audiencia Provincial en Lanzarote y Fuerteventura se suma las denuncias ya hechas públicas por Coalición Canaria y el Partido Popular. Estas dos formaciones ya mostraron su descontento por esta decisión y aseguraron que tratarán de que se reconduzca la situación.
Incluso la viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, también tachó esta decisión de "error" y afirmó que el Ejecutivo canario está estudiando dotar a las dos islas de salas específicas para tratar de paliar este problema.
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