La nueva ley de Contratos del Sector Público ha supuesto una modificación en las cuantías de las contrataciones llevadas a cabo por procedimiento negociado de adjudicación. De este modo, se establece que podrá contratarse por procedimiento negociado aquellos suministros y servicios que superen los 18.000 euros y tengan una cuantía máxima de 60.000 (sin contar el IGIC) y, en el caso de las Obras, se cifra en 50.000 el mínimo y en 200.000 euros (sin contar el IGIC), el máximo.
En ambos casos, la Ley obliga a solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.
Por otro lado, en el artículo 162 "Negociación de los términos del contrato", se señala que "durante la negociación los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores recibirán igual trato...", así como que "en el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razonas para su aceptación o rechazo".
"Teniendo en cuenta que, en ocasiones, se han suscitado dudas entre las empresas contratistas al considerar que no queda claramente reflejado que se respetan los principios de publicidad y concurrencia, el Grupo Popular estima que una forma de dar una mayor claridad y transparencia a dicho proceso es que estas adjudicaciones se incluyan en la Mesa de Contratación", apuntan los populares, que también afirman que "esta fórmula permitiría una mayor fiscalización del dinero público".