El Partido Popular (PP) en el Cabildo ha pasado a la carga. Han bastado únicamente cuatro meses de gestión del nuevo equipo de gobierno, para que los populares hayan puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una administración irresponsable y en dónde se ha instaurado el descontrol económico.
Es al menos lo que denunció ayer el portavoz de los populares en el Cabildo, Francisco Cabrera, quien reveló que en el último pleno el grupo de gobierno pretendía aprobar un reconocimiento de deuda por un importe superior a los dos millones de euros, sin ni siquiera haberlo pasado por la correspondiente comisión informativa de Hacienda. Además, la reciente aprobación de una modificación de crédito, pone de manifiesto, según el consejero popular, "que se vuelve a las andadas, al aumento del gasto corriente y de la deuda extrapresupuestaria".
Deuda de 400 millones
"La rotunda oposición por parte de los consejeros populares y del de Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, impidió que el pleno reconociese una deuda cercana a los cuatrocientos millones de las antiguas pesetas, y de la que nos habían facilitado la documentación sólo unos minutos antes de que comenzase la sesión, por lo que no fue llevada, como estipula la ley, a la comisión de Hacienda correspondiente", explicó el ex presidente de la Primera Corporación, quien añadió que será el próximo lunes cuando el grupo de gobierno de cuenta de esta deuda extrapresupuestaria en la respectiva comisión informativa.
Por todo ello, los populares consideran que la gestión económica vuelve a la vieja filosofía de que "con el dinero de las cebollas se pagan las papas, con el de las papas se pagan los ajos, los ajos con el de la leche, y a los ganaderos se les dice aquello de ya les pagaré".
Además, recuerdan que el Partido Socialista Canario (PSC) dejó la legislatura pasada una deuda extrapresupuestaria cercana a los doce millones de euros, y que agotó "irresponsablemente" los presupuestos del 2003 en el primer semestre de dicho año. Ahora, en opinión de los populares, se ha vuelto a las andadas, con lo que la capacidad inversora del Cabildo se ve frenada irremediablemente.
Despilfarro
En este sentido, destacaron que el buen hacer en el terreno económico y la política de contención que imperó durante el tiempo en el que los populares tenían dicha área bajo su responsabilidad, se ha vuelto a quebrantar y nuevamente reina el despilfarro. "Los ciudadanos deben saber que la presencia del PP en el Gobierno insular representaba una garantía en la gestión clara y trasparente del dinero público, y un freno al endeudamiento de la Institución", afirmó Cabrera, quien aseguró que el PP seguirá "controlando y exigiendo una gestión clara y trasparente del dinero público".
Comisión de investigación de los CACT's
Otro de los temas que tiene bastante molestos a los populares en el Cabildo, es el incumplimiento por parte del grupo de gobierno del acuerdo plenario mediante el cual se aprobaba la creación de una comisión que investigase la supuesta reventa de entradas en los Centros de Arte y Cultura de la Primera Corporación.
En este sentido, Francisco Cabrera denunció que el consejero responsable del área y vicepresidente primero del Cabildo, Manuel Fajardo, "no quiere constituir la misma en los términos en los que fue aprobada el pasado 29 de julio, al no encargar una auditoría de la gestión económica de los últimos ocho años de los CACT's, ni permitir la participación en el comité de técnicos y expertos, sino que el mismo estará formado únicamente por representantes políticos". Por todo ello, el consejero popular considera que Fajardo no respeta las normas más elementales de funcionamiento democrático en la Institución, sobre las que muestra un desprecio total y absoluto, al tiempo que "boicotea" el acuerdo plenario al que todas las fuerzas políticas de la Primera Corporación llegaron por consenso.
Recurso ante los tribunales
De mantenerse la actual actitud por parte del consejero socialista, los populares amenazan con recurrir a los tribunales de justicia para hacer cumplir el acuerdo plenario, para lo cual podrían presentar un recurso de reposición al objeto de que la moción se cumpla en los mismos términos en los que fue aprobada.
Por su parte, Manuel Fajardo no tardó en salir en respuesta de las acusaciones de Cabrera, del que dice que miente ya que la moción que fue aprobada el 29 de julio no contempla la realización de una auditoría externa de la gestión económica de los últimos ocho años en los CACT's, sino que esa es otra moción distinta, que fue aprobada con posterioridad.