El pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado este martes de forma inicial el reglamento del Centro Cívico municipal, que podría estar abierto en septiembre. Este asunto ha contado con los votos favorables del grupo de gobierno, así como del PIL y el PNL, y con la abstención del PP.
Así, tras la exposición pública, durante la cual se podrán presentar alegaciones al documento, el reglamento estará listo para su aprobación definitiva. Estos trámites se pretenden llevar a cabo durante el verano para que el centro empiece a funcionar en septiembre. "Es una luz al final del túnel", ha señalado la concejal de Cultura, Eva de Anta, durante el pleno.
Según ha explicado, el Centro Cívico de Arrecife nace con vocación de "cubrir la iniciativa social, cultural, educativa y de ocio, en su sentido más amplio, allí donde el ciudadano plantea sus primeras demandas". Según recoge la normativa, que se ha basado en el Reglamento General de de los Centros Socioculturales de Arrecife (2006) y en el borrador del Reglamento General de los Centros Cívicos de la ciudad de Vitoria, la infraestructura "se concibe como un lugar abierto de información, formación y ocio para todo el conjunto de la población".
Sus objetivos generales son impulsar programas y servicios de carácter cultural, educativo, social y de ocio, que respondan a las demandas y necesidades del ciudadano; servir de instrumento para las iniciativas y actividades ciudadanas, fomentando la participación activa de personas y colectivos en los procesos culturales, educativos, sociales y de ocio de la ciudad y descentralizar los diversos servicios municipales, acercándolos más a los ciudadanos.
Según ha indicado Eva de Anta, aunque el uso del centro será gratuito y la biblioteca y otros servicios, de carácter público, "se ha contemplado la posibilidad de que, en el futuro, se puedan cobrar tasas a personas que demanden espacios para la realización de actividades culturales con interés lucrativo, siempre que estipulen precios populares, asequibles a toda la población".
El reglamento recoge además los derechos y deberes de los usuarios, el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa o deterioro de las instalaciones o el procedimiento para la reserva de espacios, entre otras cuestiones.