El PIL ha decidido denunciar y "descubrir las mentiras del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés", con respecto a la situación de Inalsa. El presidente del PIL, Fabián Martín, y el consejero Ramón Bermúdez, han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han trasladado "lo que no contó el presidente" en la comparecencia en la que presentó a los medios de comunicación el inicio de la privatización de la empresa de aguas.
Para mostrar las "mentiras" del presidente del Cabildo, el PIL ha mostrado una carta que San Ginés envió a los trabajadores de Inalsa, antes de las elecciones, cuando era candidato a la Presidencia del Cabildo. En ella, San Ginés les trasladaba su "firme determinación de solventar en la próxima legislatura la situación económica" de Inalsa y aseguraba que esta solución se abordaría "desde el ámbito de lo público". "La producción y distribución del agua es un servicio esencial para los ciudadanos, que debe estar garantizado en el ámbito de lo público", insistía en su carta el ahora presidente del Cabildo.
Pese a estas palabras, el pasado viernes día 2 se publicó en el Boletín Oficial de Las Palmas (BOP) la licitación para el contrato de gestión del servicio público, mediante la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote.
El PIL ha denunciado que la situación de Inalsa se podría haber arreglado "hace cuatro años", cuando la empresa tenía una deuda de 17,4 millones de euros. "Estaríamos hablando de una empresa pública, saneada y puntera". Por ello, han criticado que San Ginés quiera poner ahora "arreglo", cuando "en estos tres últimos años se ha llevado a la empresa a alcanzar una deuda aproximada de 50 millones de euros".
Pero, además, ha querido hacer hincapié en la futura empresa concesionaria que cogerá las riendas de Inalsa. Así, ha pedido explicaciones de "cómo y a cuanta de quién" se estima que la adjudicataria "facturará el primer año 32 millones de euros y el quinto año 44,2 millones de euros, es decir, 12,2 millones más". En este sentido, han advertido de que la futura concesionaria "seguirá cobrando en exceso con la facturación cada dos meses".
Asimismo, ambos políticos han querido hacer referencia a los trabajadores, que serán subrogados. Al respecto, el PIL ha advertido que aunque sean "subrogados" se les podrá aplicar "la legislación laboral vigente" y ha insistido en que "el coste de personal, aunque lo asumirá la concesionaria, repercutirá en el servicio".