El Parlamento de Uruguay investigará la expulsión del territorio español del activista uruguayo José Morales Brum, que fue deportado el pasado 12 de junio tras su detención en Tenerife. La investigación parte de una iniciativa de tres diputados del Frente Amplio, Andrés Lima, María Elena Laurnaga y Esteban Pérez. Además, el senador Eduardo Loriel presentó en la Cámara alta una iniciativa denunciando el caso.
El asunto se tratará este miércoles en el único punto del orden del día de las comisiones de asuntos internacionales y de derechos humanos. Fuentes cercanas al propio Morales señalan que "el Poder legislativo ha hallado indicios razonables de un claro atropello a los derechos de este ciudadano."
Morales fue expulsado de España el pasado 12 de junio. Residía en Lanzarote desde octubre de 2002, tiene una hija de cinco años que vive en la Isla y tenía permiso de residencia. Había pertenecido a diversos colectivos sociales y sindicales, principalmente los relacionados con el apoyo al pueblo saharaui.
A Morales se le abrió una orden de expulsión de España por parte de la Policía Nacional tras participar en una concentración contra las plataformas petrolíferas en la visita a Arrecife del ministro José Manuel Soria. En esa concentración no hubo detenidos ni daños al mobiliario ni a ninguno de los asistentes ni a los militantes del PP. Sobre Morales se abrió anteriormente otra orden de expulsión por un altercado en una concentración de apoyo al pueblo saharaui, en la que un policía de paisano llegó a sacar su arma reglamentaria.
Tras su expulsión, fuentes de su defensa señalaron que el expediente administrativo por infracción a la ley de seguridad ciudadana ni siquiera había finalizado esa vía administrativa, que la medida es "completamente desproporcionada" y que puede crear un grave precedente, ya que por los mismos hechos, a ciudadanos españoles se les ha multado con 300 euros y a Morales se le ha expulsado del país.
La defensa de Morales aseguró que no se conoce ningún caso similar de expulsión de un extranjero en estas condiciones: sin orden judicial, con permiso de residencia y trabajo, con arraigo de diez años en España y con una hija de cinco años que es española. Considera que el modo de expulsión es un procedimiento extraordinario que sólo se aplica en otro tipo de casos, cuando la persona no tiene ningún tipo de arraigo ni documentación.
Otros ámbitos
Este caso está siendo investigado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo tras la iniciativa presentada por el europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Meyer. Por otro lado, los Diputados Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Unida) han presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa de interpelación al Gobierno español para que explique los motivos de la expulsión.
S.G. / ACN Press