El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé, con el voto incluso del Partido Socialista, denegó la licencia el pasado miércoles, pero el Ministerio del Interior insiste en su intención de construir un Centro de Internamiento de Inmigrantes Lanzarote. De hecho, y al hablar de los planes previstos por el Estado para hacer frente a la oleada de pateras que siguen llegando a Canarias, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, anunció la creación de un Centro de Internamiento en la isla, en el marco del Plan Integral de Seguridad de Canarias.
En su comparecencia ante el Congreso, Camacho explicó que el nuevo Centro de estará dotado de 400 plazas y su construcción tendrá un costo de 4 millones de euros, aunque lo que no explicó es que no cuentan con licencia para ello, y que sigue sin haber un acuerdo con Lanzarote para su instalación.
A principios del mes de septiembre, el Gobierno Central elevó al Ayuntamiento de San Bartolomé una petición para la creación de este centro en los terrenos del antiguo Polvorín de Güime. A esta petición, el Estado ha acompañado el proyecto del futuro Centro de Inmigrantes, que tendría una superficie de 3.780 metros cuadrados construidos y más de 5.500 metros urbanizados, dedicados a patios y viales perimetrales. Según ese proyecto, el centro se ubicará en la parte posterior de la parcela, sustituyendo las antiguas edificaciones que hoy se encuentran semiderruidas.
Con esa solicitud se hacía oficial la intención que el Estado tiene desde hace meses, pero que ha encontrado una férrea oposición tanto por parte de San Bartolomé como de la mayoría de los partidos políticos de la isla, que se han posicionado junto a los vecinos de Güime, lo que complicará que prosperen las intenciones del Ministerio. Aunque, tal como señaló el concejal de San Bartolomé, Juan Antonio de la Hoz, si el Ejecutivo nacional decide ubicarlo definitivamente en el municipio tiene potestad para ello pese a que no se le haya concedido la licencia, porque "el Estado se puede acoger a razones como interés público". Sin embargo, De la Hoz también advirtió que "ya hay un precedente con el radar de Montaña Blanca. Ante aquel tema el pueblo se movilizó y al final el radar no se ha puesto, por lo creo que éste puede ser un caso similar".
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Además de este anuncio, que por ahora será difícil que se concrete, el secretario de Estado de Seguridad también se refirió a la próxima creación de un Cuerpo denominado Grupo Rural de Seguridad (GRS), que, adscrito a la Guardia Civil, contará con un acuartelamiento en cada una de las islas mayores y un total de 122 efectivos. Camacho también adelantó que en los próximos dos años se incrementará el catálogo de plazas de la Policía Nacional en 600 efectivos, y que la Guardia Civil dispondrá de 900 nuevos especialistas en Seguridad Ciudadana.
Para controlar las fronteras aeroportuarias de Tenerife Sur y Gran Canaria está previsto que la plantilla se incremente el año que viene un 14 por ciento, llegándose a los 85 efectivos, y, ya en 2008, al centenar, además de incrementarse en 300 personas el número de miembros de la Guardia Civil dedicados a estas tareas en puertos y aeropuertos. Asimismo está previsto incrementar en 50 personas la dotación especializada en la vigilancia terrestre de las costas.
El Ministerio también pretende de completar el SIVE en todas las Islas antes de 2008, para lo que se invertirán 20 millones de euros. En este sentido, Camacho dijo que estaba previsto que se completen en 2006 las instalaciones sensoras fijas en Gran Canaria, junto a una unidad movil de vigilancia de 3,5 millones.
Entre 2007 y 2008 está previsto instalar unidades fijas en cada una de las islas occidentales, además de las móviles. Además, en materia de control de fronteras, está previsto desdoblar el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Las Palmas con 1,5 millones de euros y 80 efectivos más. El Plan también prevé la creación de 4 equipos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado, creándose dos edes en las dos islas mayores.