El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha archivado la denuncia que el Partido Popular presentó en el año 2008 contra el alcalde de Tías, José Juan Cruz, por el convenio firmado con el Oasis Gran Casino, en el que se cedía a esta empresa la explotación de un espacio público durante seis años.
Inicialmente, [la Fiscalía vio indicios de prevaricación->26487] en la actuación del alcalde, por considerar que otorgó esa concesión "careciendo manifiestamente de competencia y conculcando la totalidad de los trámites administrativos legalmente requeridos para ello". Sin embargo, el pasado 18 de enero, el fiscal emitió un nuevo dictamen en el que proponía el sobreseimiento provisional de las actuaciones, tras constatar que el suelo sobre el que se firmó este convenio ni siquiera pertenecía formalmente al Ayuntamiento.
En su escrito, la Fiscalía sostiene que la cubierta delCasino debía haberse cedido al Consistorio de Tías en cumplimiento del planeamiento municipal, pero hasta la fecha no se había procedido a la expropiación de ese suelo, por lo que "continuaba perteneciendo formalmente a Oasis Gran Casino S.A.". Por tanto, según el fiscal, "no puede afirmarse que exista lesión o ataque contra los legítimos intereses o derechos de los administrados, puesto que el bien no era de titularidad pública".
En definitiva, sostiene que el acto, es decir, el convenio de cesión, fue "radicalmente nulo"y que "nunca podría haber producido efectos traslativos de su uso al haberse producido sobre un bien cuya titularidad no es ostentada por el Ayuntamiento".
"Comportamiento más o menos descuidado"
Para justificar su solicitud de sobreseimiento provisional de las actuaciones, el fiscal cita una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala que "lo que no es admisible es que se intente criminalizar un comportamiento más o menos descuidado en el ámbito administrativo, pero que no consta que haya resultado lesivo para los derechos e intereses de los ciudadanos".
La propia defensa de José Juan Cruz fue la que aportó la documentación que confirmaba que no se había llegado a ejecutar la expropiación del suelo, y que por tanto no pertenecía formalmente al Ayuntamiento, pese a que el alcalde firmó un convenio para su cesión.