El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado la solicitud de los administradores concursales de Inalsa y ha ordenado el embargo de "bienes y derechos" de 17 cargos públicos de la isla, que formaron parte de los dos últimos Consejos de Administración de la empresa pública de aguas, presididos por Inés Rojas y Manuela Armas, respectivamente.
Ocho integrantes del primer Consejo de Administración deberán responder con propiedades por valor de casi dos millones de euros (1.914.730,50 euros), correspondientes a la mitad del "déficit" generado en Inalsa en 2007, cuando se celebraron elecciones y entró un nuevo grupo de gobierno.
Por su parte, los nueve miembros del segundo Consejo deberán responder por una cifra mucho mayor. Y es que además de hacer frente a otros 1,9 millones de euros, correspondientes a la otra mitad del déficit generado en 2007 (que en total fue de más de 3,8 millones de euros), también deberán responder por el aumento de la deuda en el año 2008. Sin embargo, esa cifra, que podría también ser millonaria, aún está pendiente de calcular, ya que la administración concursal afirma que las cuentas aún no han sido aportadas.
Con esta medida cautelar, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, se pretende dar una garantía de cobro a los acreedores de la empresa pública de aguas, en caso de que el proceso concursal termine encontrando responsabilidad en los administradores de Inalsa.
Motivos del embargo
En el auto, el juez señala que "existe suficiente información en los autos del proceso concursal para alcanzar conclusiones privisionales e incidiciarias" que indican que el concurso podría terminar con la calificación de "culpable".
Entre otras cosas, el juez subraya que los administradores de Inalsa debieron solicitar mucho antes la entrada de un concurso de acreedores, ya que la empresa era insolvente desde finales de 2006. Al respecto, aclara que la contabilidad de Inalsa deja claro este extremo desde el 31 de diciembre de 2007, pero sostiene que si "se hubiera contabilizado adecuadamente la condena por el laudo arbitral" de la desaladora de Janubio, que condenó a la empresa a pagar cerca de 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio,se hubieran evidenciado las causas de disolución de Inalsa desde finales de 2006.
Además, el juez considera que la gestión de los administradores empeoró la situación económica de la empresa. Por un lado, por su "inactividad ante la situación de pérdidas continuadas de agua en las redes de abastecimiento, alcanzándose mermas de hasta la mitad del agua producida". Por otro, al "no adecuar las tasas al coste del servicio". En este sentido, señala que al no afrontar la subida del precio del agua, provocaron en la empresa un "déficit crónico". Eso sí, también apunta quequizá se hubiera podido evitar la subida de tasas "mediante una gestión más eficiente de la compañía", abaratando el coste del servicio.
Diecisiete cargos públicos
Por el primer semestre de 2007, responderán como miembros del consejo de Administración la que era su presidenta, Inés Rojas, así como Mario Pérez, Sergio Machín, Rafael Martín, Aquilino Romero, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz Saavedra y José Torres Stinga.
En cuanto al segundo Consejo, que responderá por el déficit de la segunda mitad de 2007 y por el generado en 2008, estarán sometidos a embargos Manuela Armas, Plácida Guerra, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino, Enrique Pérez Parrilla, Iván Rodríguez González, José Dimas Martín, Feliciano Díaz Hernández y Antonio Barambio.
Todos ellos tendrán que responder de forma "solidaria" por las cantidades fijadas por el juez, de forma que si alguno se declarara insolvente o no tuviera propiedades a su nombre, aumentaría la cifra a embargar sobre el resto.
Respecto a Pedro Viera, para el que los administradores concursales también habían pedido el embargo cautelar de bienes, el juez ha desestimado la solicitud, ya que el 29 de enero de 2007 presentó su renuncia como miembro del Consejo de Administración.
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