El abogado Felipe Fernández Camero ya está a un paso de sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados. El juez Arturo Valdés ha ordenado la apertura de juicio oral dentro de una pieza separada del caso Yate, en la que Camero está acusado de malversar fondos públicos del Ayuntamiento de Yaiza en su propio beneficio. En total, según la Fiscalía, Camero habría cobrado cerca de un millón de euros por servicios no prestados o al margen del procedimiento legal. Junto a Camero, en el banquillo se sentarán el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes (apartado del cargo por otra condena anterior), y el funcionario Antonio Fernández Martín, que durante un tiempo actuó como secretario-interventor del Ayuntamiento.
En el auto que abre el trámite para celebrar el juicio, el magistrado exige además fianzas por valor de más de 3 millones de euros a los acusados. Concretamente, a Fernández Camero le exige que deposite 1.294.336 euros, para "asegurar las responsabilidades" que podrían derivarse de la sentencia. De una parte de esa cifra deberá responder también de forma solidaria su empresa, Adelfas 24 S.L., por la cuantía de 415.636 euros, ya que algunas de las facturas se abonaron a nombre de esta mercantil.
En cuanto a José Francisco Reyes, el juez le reclama una fianza de 1.123.625 euros, mientras que Vicente Bartolomé Fuentes y Antonio Fernández Martín tendrán que depositar 968.347 euros y 154.323 euros, respectivamente, en función de los pagos a Camero que autorizó cada uno de ellos. El auto, fechado el pasado 29 de septiembre y notificado ya a las partes, advierte de que en caso de no depositar esas fianzas, se ordenará el embargo de bienes a los acusados hasta cubrir esas cuantías.
"El Ayuntamiento de Yaiza ha de ser resarcido de todos los perjuicios causados", sostiene el juez, que subraya que "del examen de las actuaciones" y "a la vista del escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular", es necesario adoptar esta medida cautelar para "evitar la frustración de la responsabilidad civil que en su día pudiere adoptarse".
Petición de 6 años de cárcel
En el escrito de acusación, que fue presentado el pasado mes de julio, el fiscal Ignacio Stampa pide 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para Fernández Camero, como autor de un delito continuado de malversación, otro de falsedad en documento mercantil y uno más de prevaricación, en este último caso en calidad de inductor. La misma pena de 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación pide para el ex alcalde y para el ex secretario, por los delitos de malversación y prevaricación. En cuanto a Antonio Fernández Martín, le pide en total 5 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial.
Según sostiene la Fiscalía, antes de ser imputado en la causa este funcionario elaboró un documento "claramente mendaz en su contenido" en el que "certificaba" que Camero sí había prestado los servicios por los que cobró. Fernández Martín firmó el documento en calidad de secretario accidental del Ayuntamiento, "cargo que no ostentaba reglamentariamente en aquel momento", para que el Ayuntamiento lo remitiera al Juzgado que estaba investigando ya esta pieza separada del caso Yate.
El fiscal acusa a Camero de haber obtenido un "enriquecimiento ilícito" gracias al "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza, al menos, entre los años 1996 y 2012. Durante ese periodo, Fernández Camero recibió del Ayuntamiento "como mínimo" 970.752,28 euros (que es la cifra que se ha podido acreditar documentalmente), por servicios presuntamente no prestados y sin que existiera siquiera un procedimiento de contratación legal. Los pagos incluían desde supuestos servicios de asesoramiento hasta el pago de dietas, viajes y taxis sin justificar. Y todo ello, según el fiscal, en virtud de un plan que "ideó" Camero y para el que contaba con un "concierto verbal con los otros tres acusados" en esta causa, que seguían sus "instrucciones".
Había una "prohibición expresa" de contratar a Camero
En su escrito, el fiscal describe dos "procedimientos" empleados por Fernández Camero para "satisfacer su desmedido ánimo de lucro". Por un lado, cobrando como abogado en distintos pleitos del Consistorio de Yaiza, pese a que existía una "prohibición expresa" de contratar a este letrado, dada su condición de secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Según el fiscal, no sólo no se tramitó ningún expediente de contratación, pese a que se excedían "en muchos casos de los límites legales para la adjudicación directa", sino que además se realizaron pagos, por ejemplo en concepto de provisiones de fondos", que no están "justificados", "al no constar la prestación concreta de ese servicio".
A todo esto se sumaban además los pagos fijos mensuales que recibía Camero del Ayuntamiento en concepto de "servicios de asesoramiento". Sólo por ese supuesto asesoramiento, Camero se llevó 229.395 euros del Ayuntamiento de Yaiza. "Tales supuestos servicios de asesoramiento nunca se prestaron, ni eran necesarios, ni repercutieron en ningún beneficio para los intereses públicos municipales, con el consiguiente lucro personal y correlativo quebranto para las arcas públicas", sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación. Entre otras cosas, el fiscal señala que "nunca se justificaron las necesidades que pretendían cubrirse, ni su conveniencia", ni tampoco se justificó por qué era necesario este servicio, cuando el Ayuntamiento ya contaba "con el asesoramiento legal preceptivo del secretario de la Corporación".
Durante la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, Fernández Camero (que también era abogado de algunos de los principales receptores de licencias ilegales, incluyendo a Juan Francisco Rosa) estuvo imputado como presunto "cerebro" e inductor de la conducta delictiva de José Francisco Reyes, aunque su imputación se terminó archivando, al no existir pruebas de ese asesoramiento urbanístico al ex alcalde. Sin embargo, precisamente al no encontrar documento alguno que acreditara ese asesoramiento, el fiscal responsable del caso pidió abrir una nueva investigación por presunta malversación de caudales, por los pagos que el abogado recibió del Ayuntamiento por este concepto.
Además de esta causa que está ya lista para ir a juicio (a falta solo de resolver los últimos recursos presentados por las partes), Fernández Camero está imputado también en una pieza del caso Unión, por su etapa como secretario de Arrecife bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz. Esa pieza de Unión, que continúa aún en fase de instrucción, se centra fundamentalmente en el contrato de Arrecife con Urbaser y en los pagos que recibió esta empresa a cambio de presuntos sobornos. En ella, Camero está imputado por presuntos delitos de cohecho y alteración de concursos públicos.