El juez instructor del caso Montecarlo ha decidido exigir ya fianzas millonarias a los 21 imputados en las tres piezas que acaban de cerrarse (una por los pagos a empresas de José Vicente Montesinos, otra por los pagos a Inelcon y la tercera por las facturas abonadas a Tunera). De esta forma, pretende asegurar desde este momento las cantidades que deberán devolver en caso de condena, y que presuntamente fueron malversadas en el Ayuntamiento de Arrecife.
La mayor fianza se exige para el interventor, Carlos Sáenz, que en total tendrá que entregar más de 8,5 millones de euros, sumando lo que le reclama en las tres piezas en las que está imputado. Por su parte, al alcalde de Arrecife, José Montelongo, le impone una fianza en total de 1,9 millones de euros (1.300.000 euros por la pieza de Inelcon y 597.018 euros por la de Tunera).
En su auto, el juez da tres días a los imputados para que depositen las fianzas y, en caso de que no lo hagan, advierte de que se procederá al embargo de sus bienes. Aunque en cada uno de los pagos intervinieron distintos funcionarios y cargos públicos (los concejales de Hacienda de cada periodo y los de las respectivas áreas que supuestamente contrataron el servicio), cada imputado deberá entregar una fianza por el importe total que presuntamente contribuyó a malversar (varios imputados están investigados en más de una pieza, por lo que también se enfrentan a más de una fianza).