El juez instructor que investiga la causa por el presunto "desfalco" en Inalsa emitió un auto el pasado 14 de marzo donde acepta la petición de Fiscalía de declarar la complejidad de esta causa. Fija así un plazo máximo de 18 meses para concluir su instrucción, tal como establecen los cambios legislativos que entraron en vigor el pasado mes de diciembre. Ha sido Alternativa Ciudadana, que en 2013 interpuso en Fiscalía la denuncia que motivó dicha investigación y está personada en la causa como acusación popular, quien lo ha hecho público, señalando que espera que "la actuación de la Justicia sirva para señalar y castigar a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa pública".
En su comunicado, Alternativa Ciudadana recuerda que en mayo de 2015 la Fiscalía pidió al Juzgado que abriera un procedimiento penal para investigar a la empresa pública del agua, considerando que "se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos" en la administración de Inalsa.
Con la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la Ley para la ‘Agilización de la Justicia’, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, las investigaciones penales tienen un plazo "máximo" de seis meses para tramitarse. Sin embargo, existe la posibilidad de prolongar ese plazo, como ha ocurrido en este caso, cuando se entiende que concurren todos los requisitos legalmente exigidos para ello.
"Que la Justicia señale a los verdaderos culpables"
AC explica que la Fiscalía pidió el día 11 de febrero de 2016 que el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife "declarase la complejidad de la causa al cumplirse todos y cada uno de los requisitos exigidos", explica AC. La formación alude a aspectos como la "pluralidad de hechos punibles y la realización de pericias o colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicado análisis".
El juez ha aceptado ahora esa petición, algo que para esta formación política personada como acusación popular es "positivo", "ya que confirma las denuncias que durante años hemos hecho sobre la corrupción en Inalsa en sus distintas etapas". "Que la investigación no solo sirva para que la Justicia señale a los verdaderos culpables del presunto desfalco, sino que los mismos afronten con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el PSOE, PIL y Coalición Canaria", concluye AC.
Esta causa tiene ya dos primeros imputados, la ex consejera delegada de la empresa, Plácida Guerra, y el que fuera gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta. A ambos se los investiga por esos presuntos delitos "societarios, de prevaricación o de defraudación de caudales públicos". Los dos fueron citados a declarar al respecto el pasado 17 de noviembre. Sin embargo, se negaron a hacerlo, alegando que no se les había notificado con el tiempo suficiente. Cabe recordar que tanto Elorrieta como Guerra fueron ya condenados por su labor en Inalsa, por los pagos a Francisco Rodríguez Batllori por servicios no prestados. Dentro de aquella causa, enmarcada en el caso Unión, la Audiencia Provincial los condenó a 5 años de prisión a cada uno, por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
Alternativa Ciudadana presentó su denuncia poco después de que se privatizara la gestión del agua en la isla y de que se destinara buena parte del dinero obtenido en esa privatización a pagar las deudas de la empresa. Los políticos que intervinieron en los últimos consejos de administración podrían haber tenido que responder personalmente de esas deudas.